Tras 9 meses de análisis, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó al Congreso de la República la propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para que la someta a debate dentro de los diputados. Es de mencionar que ese proyecto de reformas reactivaría el transfuguismo.
La propuesta enviada al Legislativo tiene algunas excepciones con diputados que hayan sido expulsados, por escisión o por cancelación de partido político. Las modificaciones serían al artículo 205, en donde uno de sus párrafos quedaría de la siguiente manera: “Se exceptúa de la prohibición contenida en el presente artículo, cuando la incorporación a otra organización política deviene de expulsión, escisión, suspensión o cancelación de la organización política con la cual alcanzó la diputación”.
Estos cambios surgen un día después de que los diputados oficialistas, juntos a bancadas aliadas, pretendían reactivar el transfuguismo.
“Se entenderá por transfuguismo el acto por el cual un diputado renuncia a un partido político, habiendo sido electo o cuando ya está ejerciendo el cargo, mediante sufragio universal, para un periodo y estuviese designado en uno de los órganos establecidos (…), el renunciante no podrá optar a ningún caro dentro de los órganos del Congreso”, añade la normativa.
En el caso específico de expulsión de diputados, en diciembre del año pasado la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) informó sobre la expulsión de seis diputados de sus filas, entre ellos, el diputado Carlos Santiago Nájera Sagastume, quien actualmente funge como cuarto secretario de la junta directiva del Legislativo.
Reacciones
Para el diputado Mario Taracena de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), esto buscaba beneficiar a la congresista Sofía Hernández, vicepresidenta de la Junta Directiva e integrante de la Unión del Cambio Nacional (UCN), partido que fundó Mario Estrada, condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, y que el propio TSE resolvió cancelar semanas atrás.
El TSE también incluyó en la propuesta algunas otras modificaciones relacionadas a cancelación de la inscripción de ciudadanos fallecidos, constancia de la ciudadanía, voto preferente, fiscalización, financiamiento, personas y entidades vinculadas a los partidos políticos de forma directa o indirecta y sanciones, entre otras.