Enfoque por Gonzalo Marroquín
Poco ha tardado en brotar una de las argucias de la clase política para intentar enmarañar el ya complejo escenario político del país. La iniciativa de reformar la Constitución por medio de una Asamblea Nacional por parte de una bancada tránsfuga del partido Líder –por estrategia–, no hace más que enturbiar el ambiente y distraer a la sociedad de los verdaderos problemas que enfrenta la nación.
Por cierto que ocurre también en momentos en que el Congreso de la República está siendo sometido al escrutinio público, toda vez que se ha destapado en su absurda dimensión el uso y abuso de sueldos, plazas y plazas fantasmas por parte de los diputados y empleados de ese organismo. Resultaba conveniente entonces que surgiera un distractor.
Sin embargo, no se ha caído en este juego repetido por el partido Líder en el pasado. La mayoría de guatemaltecos está consciente de que una iniciativa de reformas proveniente de la propia clase política no pretende, en realidad, mejorar la estructura jurídica del país, sino más bien busca la forma para que el sistema de partidos políticos, como existe, no se vaya a debilitar con una auténtica reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
Ya verán ustedes que muy pronto este tema cobrará vigencia, y los diputados, por supuesto, insistirán en aprobar la reforma a la LEPP como está encaminada. Ojalá que la sociedad no se deje engañar y sorprender con dos o tres cambios positivos, pero más de forma, mientras se mantiene el fondo de un sistema que ha sido corrupto hasta el tuétano, en el que los partidos han alcanzado el poder y controlado el Ejecutivo o Legislativo y, por su vía, el Judicial.
La Constitución de Guatemala, como casi todo en esta vida, tiene campo para ser mejorada. Pero hay que ser claros, los problemas que el país enfrenta no son producto de deficiencias en la Constitución. Estos son derivados de la manipulación que se ha dado al andamiaje legal ya establecido. No en balde existe el refrán que reza: Hecha la ley, hecha la trampa.
Nuestra Carta Magna es reconocida por expertos constitucionalistas como un instrumento bien estructurado, con amplia cobertura a los derechos individuales y colectivos. Sin duda, el aspecto más propenso para mejoras es el que se relaciona con el sector justicia, ya que tanto se intentó legislar desde la Constitución, que se terminó por limitar los avances y mejoras que se requieren hoy, 35 años después de haber entrado en vigencia.
Pero salvo esas reformas, que deben provenir de los actores correctos –el propio sector justicia y la sociedad–, no hay necesidad de entrar a tocar la Constitución, porque intentar hacerlo no haría más que abrir fuertes debates y hasta dividir o enfrentar ideológicamente a la población.
Tampoco hay que asustarse con la iniciativa de estos ineptos diputados. Primero, porque ni ellos mismos entienden la dimensión de lo que plantearon, pero, segundo, porque la ciudadanía guatemalteca ha despertado y no se prestará, seguramente, a la manipulación que este grupúsculo de parlamentarios pretende.
El presidente Jimmy Morales debe también tener cuidado, porque ya ha caído en la misma trampa de hablar sobre reformas constitucionales. El país está en tal caos que debe concentrarse en hacer que los servicios públicos funcionen como deben, en vez de entrar en un tema controversial que pocos beneficios le traerá y que le puede generar un fuerte desgaste.
No hay que olvidar que el presidente Otto Pérez intentó también impulsar una reforma constitucional. Tarde entendió que era una tarea innecesaria. La nación necesita que los esfuerzos de los gobernantes se centren en lo urgente e importante. Si las crisis fueran producto de una mala Constitución, estas iniciativas serán bienvenidas. Pero como están las cosas, no se trata más que de tretas políticas que buscan que se dejen de ver los problemas que tenemos enfrente.
Que los diputados mejor atiendan su casa. Que dejen de robarle al pueblo con contrataciones espurias de personal y asesores. Que se dediquen a trabajar y principien por la Ley de Régimen Interior. Ellos sí son foco de problema para el país. Con la Constitución como está, Guatemala puede sobrevivir y hasta desarrollarse. Con la clase política corrupta que no quiere cambiar, no vamos a ningún lado.
Los guatemaltecos debemos exigir actitudes serias a los diputados y repudiar las payasadas, de lo contrario, el Congreso seguirá igual.
FRASE: Los problemas de Guatemala no son culpa de la Constitución de la República, reconocida como un buen marco regulador. La clase política, en cambio, sí es una rémora para el país.