Enfoque por: Gonzalo Marroquín Godoy
Hay que partir de un reconocimiento y aplauso a la importante reforma que se pretende hacer al sistema de justicia por medio de una reforma constitucional. No solo es oportuna, sino necesaria, para lograr un eficiente Estado de derecho y que funcione mejor el sistema de pesos y contrapesos entre los tres poderes del Estado.
El sistema político logró, desde hace años, politizar la justicia, al extremo de manipularla —más o menos— a su sabor y antojo, hasta lograr un marco de impunidad casi perfecto, diseñado para que la clase política pudiera moverse a sus anchas dentro del estiércol de la corrupción, convertida en un medio para hacer grandes fortunas, pero también en el azote que ha mantenido al país naufragando en la pobreza y el subdesarrollo.
Por eso, es indispensable lograr que jueces y magistrados tengan auténtica independencia de esa clase política. Hay que arrancarle a esta la potestad de manipular nombramientos a cambio de impunidad. Por eso estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa —que surge de Iván Velásquez, y hay que reconocerlo así— de hacer reformas a la Constitución para cambiar el sistema de postulación y nombramiento de jueces y magistrados, introduciendo parámetros de selección vinculados a una auténtica carrera judicial.
¡No más compadrazgos a cambio de impunidad! Parece bastante acertado el proyecto de reformas constitucionales y, seguramente, algo se podrá mejorar sobre la marcha —pero ¡ojo!, es demasiado tiempo para socializar y discutir—. Todos los cambios propuestos apuntan en la dirección de lo que el país necesita para mejorar el sistema de justicia.
Pero hay algo que se debe tomar muy en cuenta: no se pueden hacer reformas a la Constitución a cada rato, y por eso, cabe plantear algo muy importante: ¡también hay que mejorar el sistema político! causante, en el fondo, de la mayoría de males que afronta el país en materia política, económica, social e institucional.
Ahora, los diputados y el Congreso de la República nos quieren vender la idea de que, con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cosa está cambiando. ¡Babosadas! Esas reformas son; más bien, una trampa. No hay que olvidar que surgen de un proyecto elaborado a la carrera por un TSE que tenía muchas preocupaciones en la cabeza, en medio de un proceso electoral, y que lo único que se buscaba era calmar un poco los ánimos de aquella añorada Plaza.
A eso hay que sumar que los diputados, ni lentos ni perezosos y en medio del momento de muchísima incertidumbre y confusión que se vive, hicieron las del oportunista: pescar en río revuelto. Aprobaron un paquete de reformas que no cambian la esencia del sistema y, en el fondo, permite que las cosas puedan seguir favorables para la clase política; y dicen que lo hacen en respuesta al clamor popular.
Entonces, por esa vía, no veremos cambios.
Pero ahora que se habla de reformas a la Constitución, que obligatoriamente deben ser aprobadas por el Congreso, pero luego por la población en Consulta Popular, cabría preguntarse si no es bueno aprovechar para modificar el tema de la reelección, con el fin de extirpar uno de los tumores malignos que más daño causan al sistema político y al país.
Si los diputados y alcaldes no pudiera reelegirse —como sucede con el Presidente de la República—, muchas cosas empezarían a cambiar en el país. Primero, que veríamos el surgimiento de nuevos liderazgos, segundo, que quienes llegaran a esos cargos sabrían que tienen cuatro años para trabajar, y no cuatro años para prepararse para la reelección y hacer uso de los recursos del Estado para promover su perpetuidad como funcionarios.
No molestaría tanto una sola reelección, pero eso de tener una plaga de alcaldes corruptos que repiten y repiten, a diputados que funcionan como vendedores del mercado y cada cuatro años se vuelven más ambiciosos, es parte de lo que nos ha llevado a la situación en la que hoy estamos.
Guatemala está en un momento complicado. No tenemos un gobierno fuerte y con marcado liderazgo, como para pensar que el timón del barco sabrá dirigirnos a puerto seguro. Ante esa situación, cada uno de nosotros debemos aportar para que la nave encuentre rumbo. Nos esperan años agitados, y tal parece que el movimiento ciudadano que ahora está latente, puede ser convocado pronto.
Para sacar adelante, de manera correcta y positiva, las reformas constitucionales, habrá que convocar al pueblo, porque no cabe duda de que la clase política se resistirá, sobre todo, en aquellos puntos en los que se sienta vulnerada. El Congreso debe aprobar las reformas, pero no hay que permitir que les metan mano y conviertan el proyecto en algo tan inútil como las reformas a la Ley Electoral.
El Congreso fue electo por el pueblo. Los diputados no lo entienden, pero ellos están para responder y servir a la población, no para actuar por sus fines e intereses mezquinos.
Si se reforma el sistema judicial, y desaparece la norma de la reelección continuada de alcaldes y diputados, los cambios, los verdaderos cambios, empezarán a verse.
Si queremos una mejor Guatemala, los sistemas político y de justicia deben cambiar ¡DE VERDAD! Sería oportuno que por reforma constitucional se eliminara la reelección continuada de diputados y alcaldes.