- El gobierno Arévalo denuncia a Consuelo Porras, mientras en el Congreso se trata de lograr cambios a la Ley del Deporte para permitir cambios y que nuestros atletas puedan participar en Juegos Olímpicos bajo bandera de Guatemala.
Revertir el legado de Alejandro Giammattei y su «alianza oficialista» es tarea complicada, pero está en marcha. Dos batallas se libran ahora mismo para recuperar el Ministerio Público (MP) y el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), luego de acciones casi paralelas iniciadas esta semana en el campo de la justicia y en el Congreso de la República.
Por medio de la Procuraduría General de la Nación, el presidente Bernardo Arévalo abrió un proceso de antejuicio contra la fiscal general, Consuelo Porras, a quien señala de «incumplimiento de deberes», en la que parece es la primera de una serie de querellas que se presentarán contra la jefa del MP, que se aferra al cargo y promueve respaldo de diputados de la antigua «alianza oficialista», que deberán conocer de su antejuicio.
Un día antes de que se presentara la querella y solicitud de antejuicio ante tribunales por parte de la PGN, la fiscal general citó a diputados a la sede del MP, en donde hablaron «de la impecable labor» que cumple la institución. No asistieron miembros de la junta directiva, ni los aliados al partido Semilla en el Legislativo, donde se anticipa intensidad en la batalla por registrarse.
La @PGNguatemala junto con la @SG_Presidencia, por instrucciones del presidente @BArevalodeLeon, han presentado una querella penal y solicitud de retiro de antejuicio contra la Fiscal General del @MPguatemala. pic.twitter.com/9aCBVDmcfr
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) February 29, 2024
Tras anunciar que se ha iniciado el proceso de antejuicio contra Porras, la Fundación Contra el Terrorismo, el grupo parajudicial que es parte de la alianza, reaccionó en defensa de la fiscal, presentando una querella penal contra Bernardo Arévalo, el secretario general de la presidencia, Gerardo Guerrero Garnica, y el Procurador General de la Nación, Roberto Saavedra Pineta, por los delitos de «asociación ilícita y abuso de autoridad».
En el propio Congreso fracasó el primer intento para modificar la Ley del Deporte, con lo cual se pretende deshacer el complejo caso que creó la alianza oficialista del expresidente Alejandro Giammattei, que cooptó el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) por medio medio de fallos de la CC para favorecer a la planillla que impulsó Miguel Martínez desde el Ejecutivo. Eso provocó que el Comité Olímpico Internacional (COI) sancionara a Guatemala, por lo que los atletas guatemaltecos no pueden participar en ningunacompetencia del ciclo olímpico bajo la bandera de Guatemala.
Desde el 14 de enero, tras la juramentación de Arévalo como nuevo presidente, la vieja alianza oficialista de Giammattei ha buscado reunificar fuerzas y ahora libra estas batallas con intensidad. Se espera que una lluvia de amparos se presenten en ambos intentos por cortar los lazos con el pasado y las ilegalidades que se llevaron a cabo por parte de ambas instituciones y nuevamente la CC puede resultar determinante.
La actual CC ha sido parte de aquella alianza, lo que podría entorpecer cualquier intento por recuperar las instituciones que terminaron cooptadas por el poder político y las fuerzas que se aliaron para consolidar el bloque que controló el país hasta que perdieron el Ejecutivo en las elecciones, así como el Congreso, aunque en este aún hay reacomodos de las fuerzas y la situación no parece tan favorable para el oficialismo.
De hecho, en su primer intento por la modificación a la Ley del Deporte las fuerzas parlamentaria que apoyan al oficialismo no lograron la mayoría necesiaria para que la iniciativa avanzara, pues encontraron que la oposición pretende retardarlo.
Si no se logran las reformas, los atletas guatemaltecos, que no han recibido apoyo del COG para su preparación por el mismo conflicto, no podrían participar representando al país en los Juegos Olímpicos de Paris, y tendría que hacerlo como atletas independientes, bajo la bandera del COI. Jorge rodas, presidente impuganado del COG, ha sostenido que su elección fue legal y se niega a aceptar lo que solicita el COI para el deporte olímpico.
De tal manera que se trata de dos batallas complicadas para Arévalo, quien personalmente ha explicado lo que pretende con denunciar a Porras. No hay que olvidar que el Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, ,anunció el pasado jueves que «esta es la primera de una serie de acciones» que se presentarán contra la fiscal general Porras.
Estamos avanzando con determinación en la lucha contra la corrupción, porque con instituciones y funcionarios al servicio de la gente, #GuatemalaSaleAdelante pic.twitter.com/uqJMCsAkWK
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 2, 2024
La ruta del antejuicio contra Consuelo Porras no es sencilla. Después de ser conocido por un juez, este debe inhibirse y enviarlo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la que debe trasladarlo al Congreso de la República. En el Legislativo se debe integrar una comisión pesquisidora, la cual tiene que escuchar al PGN y a Consuelo Porras, para luego dar su recomendación al pleno, que es el que finalmente decide.
Si procede y se le quita la inmunidad, vuelve al sistema de justicia para que avance la querella. en el Organismo Judicial (OJ) la ahora alianza opositora cuenta con varios jueces y magistrados que continúan respondiendo a sus intereses.
Pero antes, casi seguramente, la fiscal general interpondrá amparos, con el fin de ser protegida por la Corte de Constitucionalidad, en donde las fuerzas siguen favoreciéndola abrumadoramente.