El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización danesa de desarrollo IBIS, recomendaron suspender el otorgamiento de licencias mineras e iniciar proceso de consulta social para determinar el futuro de la minería y su regulación en Guatemala.
Mediante un informe el consorcio de organizaciones indicaron que la legislación y la institucionalizad vigente no son consecuentes con las complejidades que las actividades mineras representan. Tanto la legislación minera como la legislación ambiental no establecen normativas adecuadas para el proceso de rehabilitación y cierre de minas, indica un comunicado de prensa.
IBIS e Icefi recomiendan que el Estado de Guatemala establezca una suspensión en el otorgamiento de cualquier tipo de licencia minera e inicie un proceso de consulta, diálogo y consenso nacional. Esto recomendación se basa en información objetiva, se discuta si las industrias extractivas deben formar parte, o no, del modelo de desarrollo del país.
Sobre esta reflexión social se deberá generar un marco legal adecuado y moderno. En cuanto a las licencias vigentes, el Estado debe realizar en el corto plazo, una evaluación de los costos de cierre de las explotaciones mineras, publicar y dar a conocer los resultados a la población e identificar las diferentes medidas para mitigar el riesgo financiero que representa para el Estado, comentan las instituciones.
Ante las debilidades del marco legal e institucional, el Estado de Guatemala corre el riesgo de que los titulares de los derechos mineros no asuman sus responsabilidades, de manera que las medidas de rehabilitación y cierre deban ser financiadas con recursos públicos, agrega el comunicado.
Se estima que, de acuerdo a la vida de los proyectos mineros actuales, en los próximos años (entre 2023 y 2038) el costo de reclamación promedio por mina puede oscilar entre el 0.02 y el 0.21% del PIB; costos que resultan superiores a lo que los aportes tributarios directos (impuestos y regalías) totales han representado entre 2009 y 2015, indican las instituciones.
Según ICEFI el pago realizado por el sector minero, –que incluye a todas las empresas minera–s, en concepto de impuestos y regalías, ha representado un promedio 0.09% del PIB de cada año.