Familiares aseguran que hay suficientes pruebas que implican a militares en desapariciones de 2014
Las familias de los 43 estudiantes ‘normalistas’ de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 han aprovechado para denunciar en el aniversario de los hechos que no se esté investigando la posible implicación de militares cuando aseguran que hay pruebas y testimonios de la intervención del 27º Batallón de Infantería de Iguala en los hechos.
Siete años después de la desaparición, las autoridades no han podido encontrar a los estudiantes y no se ha esclarecido qué fue lo que pasó con ellos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Por eso, las familias han emplazado al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a profundizar las investigaciones sobre la posible participación de militares.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, ha asegurado al diario ‘El Universal’ que lo que ha trabado el esclarecimiento del caso es que no hay voluntad para investigar a los militares. «No se quiere indagar al Ejército. Con los datos de prueba, se da cuenta de que dio seguimiento a los estudiantes. También que ellos patrullaron distintos lugares donde estaban siendo agredidos y hay un testigo que dice que fueron llevados, por lo menos, 25 estudiantes al 27 Batallón. Ese testimonio ya fue ratificado», ha explicado.
Además habría otros datos que prueban que los militares de Iguala tenían vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos, grupo que, junto con policías municipales, presuntamente habían asesinado a los ‘normalistas’ y por eso está detenido el capitán José Martínez.
«Estos elementos hacen necesario abrir una investigación exhaustiva contra esos elementos del Ejército, para deslindar su responsabilidad», ha señalado.
Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.
La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos refutados posteriormente por una nueva investigación.