El director para Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas asegura que no existe un sistema eficiente que garantice la protección de funcionarios del sistema de justicia y se carece de una política pública para protección de activistas de derechos humanos, dice Cadena. Su vivienda fue allanada ilegalmente en agosto, la orden, supone, podría haber salido del grupo dedicado a espionaje ilegal que, según denuncias, operaba en el seno de la secretaría encargada de la seguridad presidencial.
¿En qué contexto están realizando su trabajo los operadores de justicia y los activistas de derechos humanos?
Hay tres problemas que determinan lo que está pasando hoy en día en Guatemala. La defensa y explotación de los recursos naturales y la restitución de la tierra que le fue robada a varias comunidades durante la guerra. También está el problema del crimen organizado, que necesita, para poder operar con impunidad, cooptar a instituciones del Estado. A ello se suman las migraciones por razones económicas a varios países, especialmente, a Estados Unidos.
¿Cómo los intereses alrededor de estos temas están tratando de influir en los operadores de justicia y activistas de derechos humanos?
En el caso de los operadores de justicia se busca convertirlos en aliados a través de varios mecanismos de corrupción como compra de voluntades, pero también con amenazas. En el caso de los defensores de derechos humanos está claro que hay una agresión y nuevas formas de persecución individual y selectiva. Por ejemplo, en la defensa de los recursos naturales hay un sinnúmero de dirigentes comunitarios que están siendo perseguidos, amenazados y objeto de detención arbitraria, por medio de la criminalización de la protesta social, para detener el trabajo de denuncia.
¿Qué elementos permiten que eso esté sucediendo?
No se ha logrado un sistema eficaz de protección a jueces y operadores de justicia. En el caso de defensores se ha venido discutiendo una política pública de protección que todavía no se ha logrado aprobar. En el contexto actual todavía mantiene en una extrema vulnerabilidad tanto a jueces, fiscales y defensores de derechos humanos.
¿Cómo analiza las amenazas contra la Fiscal General, juez Miguel Ángel Gálvez y el periodista José Rubén Zamora?
Es un ataque que condenamos porque la Fiscal General ha hecho un trabajo importante contra la corrupción y el juez Miguel Ángel Gálvez es uno de los más capaces e independientes y honestos del país. Deberían de investigarse y pararse en cuanto antes estas amenazas, porque si no el mensaje es de total desprotección para la población, porque si ese ataque a un funcionario de tan alto nivel —la Fiscal General— no se puede investigar y aclarar, en qué niveles de desprotección están los ciudadanos normales y comunes. Es un ataque a todo el sistema de justicia y típico del crimen organizado. Lo que se quiere es obstaculizar su función, obstruir la justicia y eventualmente quitarlos de los puestos para que entre una persona que no va a llegar a cuestionar sus intereses sino a colaborar con ellos. Los ciudadanos debemos apoyar a estos funcionarios.
¿Qué puede hacer la ciudadanía?
El pueblo en su conjunto puede salir a las calles y manifestar. Tenemos que seguir apoyando a los jueces y fiscales que son correctos.
¿Qué representan las tres personalidades amenazadas?
El caso del periodista Zamora cuestiona con su trabajo el ejercicio del poder público y a mafias que se han enquistado en el Estado y denuncia hechos criminales que nadie se atreve a hacer públicos. El juez Gálvez, al administrar justicia de forma independiente, defiende los derechos de la ciudadanía, porque la independencia judicial es una garantía para jueces, pero, sobre todo, para los ciudadanos. Y la Fiscal General ejerce la persecución penal, y al perseguir al crimen organizado, funcionarios de alto nivel o delitos de cuello blanco, afectan intereses de personas muy poderosas y eso irrita a los criminales.
¿Cómo van las investigaciones sobre el allanamiento ilegal de su vivienda?
La investigación está avanzando en el Ministerio Público. Hay que dar más tiempo; aunque uno quisiera que se avanzara más rápido. Creo que se está investigando y se va a poder aclarar. El ataque se debió al trabajo que realizo en defensa de los derechos de comunidades y colectivos y de peritajes en casos como Creompaz —juicio a militares por los delitos de asesinato y tortura en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz—.
¿De dónde pudo venir esta intimidación?
Creo que es muy probable que sea por esas investigaciones ilegales que estaba realizando la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).
¿Viene del Gobierno?
Es muy difícil que sea solo del Gobierno. Lo que sucede es que cuando hablamos de este tipo de acciones, la defensa de los recursos naturales y de restitución de la tierra, hay muchos que podrían ser afectados. Estamos hablando de un grupo de personas que no trabajan solos y que por lo general están en convivencia con las autoridades estatales.
Entonces, ¿vendría de ese grupo dentro de la SAAS que se dedicaba a hacer vigilancias ilegales?
No podría afirmar completamente, pero esa podría ser una línea de investigación, porque los ataques fueron en aumento, hay varios casos de incursión a oficinas y casas. Hubo una incursión a las oficinas de Frank La Rue, pero también incursiones similares a un perito de un caso de Barillas, Huehuetenango, a una organización de derechos humanos en Quetzaltenango. Hoy día lo que prevalece es una vigilancia extrema, una intimidación y persecución selectiva.
¿Cómo ve que la persona que se supone dirigía este grupo —Armando Melgar Padilla— ahora es diputado?
Aquí estamos hablando de un pacto de impunidad. El crimen organizado tiene que promover constantemente pactos de impunidad, porque no pueden actuar solos, debido a que los crímenes en que incurren son muy graves. Requieren de una estructura organizativa muy grande y lo que ocurrió al asumir como diputado fue un fraude de ley.
¿Cómo ve el papel del Presidente, porque era su asesor, y fue la bancada oficial la que le da refugio?
El papel del Presidente es muy negativo, prácticamente se convirtió en un cómplice del pacto de impunidad. Ya ha demostrado que no tiene intereses de luchar contra la corrupción, que tiene poco conocimiento de las leyes del país y de la política; y por lo tanto, posiblemente él no decide, sino que le dan las órdenes otros grupos.
¿Qué grupos?
Se sabe que hay un grupo de exmilitares, La Juntita, que son los que están mandando en el país. Eso es evidente.
¿Qué debe hacer el Gobierno para proteger a los operadores de justicia y de derechos humanos?
Yo podría decirle qué debería hacer este Gobierno, pero es muy probable que no lo vaya a hacer, no puede hacerlo porque el Presidente no manda, no hay una dirección y una cabeza.
¿Es desesperanzador el escenario de que el Presidente no pueda o no lo dejan hacer nada?
Bueno, está la propuesta de reforma constitucional, y eso podría generar un cambio.
¿Esta es una ventana de oportunidad?
Esta es una ventana de oportunidad. Hay que exigir que el Congreso no apruebe reformas que no van encaminadas a la defensa de la independencia judicial. Es una oportunidad para generar más cambios.