Decenas de pobladores guatemaltecos quemaron ocho góndolas de camiones de una minera de capital ruso tras un accidente de tránsito en el que falleció una persona en el noreste del país, informó este viernes un cargo oficial.
«Nadie puede tomarse la ley por sus propias manos y menos atentar contra la vida de las personas y la propiedad privada en asuntos que deben ser conocidos por las instituciones correspondientes», dijo a periodistas el gobernador del departamento nororiental de Izabal, Erick Martínez.
Los incidentes se registraron la noche del jueves en el poblado de El Estor, en Izabal, unos 250 km al noreste de la capital, luego que un camión supuestamente de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), filial de la firma rusa Solwey Investment Group, atropellara a dos personas que se conducían en una motocicleta, una de las cuales falleció.
Tras el incidente, los pobladores arremetieron contra los vehículos de la empresa y quemaron ocho góndolas de camiones para el transporte de material.
La disturbios y la tensión amainaron en la madrugada de este viernes, comentó el gobernador.
La CGN indicó en una nota de prensa que el transporte involucrado en el accidente no pertenece a la empresa y señaló que apoyará la investigación.
El 19 de julio, la máxima corte de justicia del país suspendió temporalmente las operaciones de la mina de níquel rusa tras acoger el reclamo de comunidades que alegan no haber sido consultadas por el gobierno para autorizar el proyecto.
La Corte de Constitucionalidad (CC) señaló en un comunicado que otorgó un amparo provisional a favor del poblado indígena de El Estor, donde opera la mina, así como de otros municipios colindantes.
La licencia de explotación de níquel por 25 años fue otorgada por el Ministerio de Energía y Minas en abril de 2016, y también incluye la extracción de cobalto, hierro, cromo y magnesio.
La presencia de la firma rusa en la zona remonta a 2011, cuando adquirió los derechos de los proyectos mineros Fénix y Montúfar a la CGN. Ese complejo industrial funciona desde 1970, pero fue abandonado en 1982 y retomado en 2014.
Organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas se oponen a la explotación de minerales al estimar que amenaza los recursos naturales.