- Análisis desde diferentes puntos de vista sobre el controversial nombramiento
WASHINGTON DC — La revalidación en el cargo de la fiscal general Consuelo Porras para un segundo mandato al frente del Ministerio Público de Guatemala no acarreó ninguna sorpresa la tarde del 16 de mayo, cuando el presidente Alejandro Giammattei la proclamó en un acto transmitido en directo por las plataformas informativas del gobierno.
Dentro de Guatemala y en extranjero se preveía el resultado como explicó a la Voz de América el fundador de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, cuya organización forma parte de una red centroamericana que investiga casos de corrupción desde la sociedad civil.
Para Marroquín el presidente Giammattei no podía optar más que por “un aliado que le proteja”, y la fiscal Porras ha mostrado esa capacidad al “frenar investigaciones de casos de corrupción”.
Y agrega que tanto el presidente como ella no han ocultado “su gran sintonía, su amistad” por lo que para este observador ha sido evidente la protección que la fiscal general le ha dado ante “acusaciones directas al presidente de sobornos y corrupción, prácticamente deteniendo cualquier investigación contra el presidente”, comentó Marroquín.
Marroquín perfila a la funcionaria como “una fiscal que genera en el país mucho rechazo” y que a mediados de 2021 la ciudadanía salió en masa a las calles para exigir su renuncia, al conocerse cómo desde el Ministerio Público se establecían patrones de persecución contra operadores de justicia, jueces y fiscales que investigaban casos de corrupción.
Sin embargo, el presidente Giammattei dijo previo al tomar juramente a Porras para un segundo mandado en el cargo que “no ha sido una decisión sencilla ni tomada a la ligera”.
Y que los señalamientos mediáticos de “de personas extranjeras” como los de Estados Unidos que la ha sancionado, más los cuestionamientos desde la Unión europea -que han apuntado a los “obstáculos” desde el despacho de la funcionaria para frenar investigaciones de corrupción y provocar el “debilitamiento del Estado de derecho”, según Giammattei no tienen asidero legal en Guatemala para “despojar a una persona de su capacidad, idoneidad y honradez”.
¿Qué mensaje envía Guatemala a la comunidad internacional y las fuentes de cooperación?
Para el analista experto en relaciones internacionales e integración Centroamericana, Napoleón Campos, la reelección de Porras “una abogada señalada por corrupción y actos anti-democráticos- desde la comunidad internacional”, deja ver el deterioro institucional tanto del país centroamericano como en la región en conjunto, donde se están dando fenómenos similares.
Este experto comenta a VOA que la decisión tomada por el Ejecutivo guatemalteco bien puede considerarse “como un desafío, una afrenta” a la comunidad internacional que viene observando el comportamiento antidemocrático de la fiscal general Porras.
Desde septiembre de 2021, Porras figura en la Lista Engel, elaborada por el Congreso de Estados Unidos sobre “actores corruptos y antidemocráticos” del Triángulo Norte de Centroamérica.
El exfiscal Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI) quien se encuentra asilado en Washington DC, explica a VOA que durante el proceso de elección el gobierno de Guatemala se volcó contra las observaciones de irregularidades que iban enumerando los gobiernos extranjeros.
Y que el gobierno –según Sandoval- apuntó contra las representaciones diplomáticas en la capital guatemalteca a través de “presiones, amenazas y comunicados” donde el gobierno y organizaciones afines apelaron a la “ingerencia”.
“Hubo muchas amenazas a las distintas sedes diplomáticas quienes procuraron y señalaron la necesidad de que este proceso se realizara con total transparencia, lo cual no se pudo cumplir”, comentó.
El Parlamento Europeo condenó a principios de abril “acciones” que en Guatemala ha contribuido al deterioro institucional con evidencias de “manipulación en el sector justicia” que incluye la persecución de al menos 24 jueces y fiscales que están exiliados y otros 10 enfrentan procesos penales en el país.
¿Qué aspectos se destacaron en el proceso?
Distintos sectores de Guatemala vieron con preocupación la elección, que no logró sortear los señalamientos. El clero de la Iglesia Católica sentó postura a través de la Conferencia de Obispos que denunció la “evidente corrupción” y pedía “honestidad” a la Comisión de Postulación para que actuara en consecuencia al clamor ciudadano.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Gonzalo de Villa, resumió antes de la refrenda de Porras para ocupar la silla hasta 2026, que en el país hay un ambiente “claro de duda y de sospecha por no decir palabras más fuertes, de que el modo en el se está operando hoy la justicia” no responde a la demanda ciudadana y de legalidad del país.
El exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien huyó de Guatemala al ser amenazado y perseguido por investigar estructuras de corrupción, dijo a la VOA que no se podía esperar nada diferente al observar todo el proceso que termino siendo “un formalismo de apariencias”.
Para él estaba claro que la funcionaria se había ganado la revalidación al mostrar desde el despacho de fiscal general su capacidad para desmontar esfuerzos anticorrupción.
“Consuelo Porras no le tiene que jurar nada (a Giammattei) porque ya la demostrado su capacidad de desbaratar esfuerzos anticorrupción y esfuerzos de casos de justicia transicional y la tarea que tendría que realizar ella en su nuevo período es consolidar la destrucción del ministerio público en temas de carrera fiscal, de capacidad operativa y de reforzar la desconfianza que ya se tiene hacia esa institución”, dice.
Con anterioridad la exjueza de Alto Riesgo, Erika Aifán, quien también huyó de Guatemala ante amenazas a su integridad, y que se encuentra en Washington DC, explicó a VOA que “el principio de honorabilidad” para el cargo ha sido totalmente evadido en este caso.
Sólo las sanciones y señalamientos internacionales -como agrega el analista Napoleón Campos- debieron ser elementos suficientes para descalificar el perfil.
La Comisión de Postulación llegó a un atolladero al presentar Consuelo Porras el mejor puntaje, pero no pasaba el tamiz del foro de electores en otras cuestiones cruciales. La comisión la conforman representantes del Colegio de Abogados, decanos de las facultades de derecho de universidades publica y privadas y representantes del poder judicial.
Cuando se habían cubierto 5 ternas de las seis finalistas que manda el reglamento, Porras era excluida ante otros favoritos; entonces un abogado allegado al gobierno movió fichas y pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) intervenir para obligar a los electores a votar por la más ponderada.
Los magistrados del alto tribunal de justicia -que han prorrogado y sobrepasado en más de dos años su mandato legal- acudieron de urgencia para emitir una sentencia que surtió efecto; los electores quedaban técnicamente obligados a incluir a Porras en la lista. En cuestión de horas la situación se había solventado y la fiscal general volvía al carril de favorita.
La exjueza Aifán comentó que la denuncia de plagio en la tesis doctoral de Porras, era un elemento para cuestionar sus «méritos académicos», y que de haberse tomado en cuenta la habría descalificado automáticamente si el proceso se hubiese realizado bajo parámetros éticos “y apegados al espíritu de la Constitución”.
Por su parte la fiscal general Porras dijo que los primeros cuatro años de su mandato “la faena ha sido ardua y que a pesar de los obstáculos” al manejar la institución que a su criterio “había perdido su deber ser”, hoy se siente satisfecha del trabajo realizado.
Gracias a su labor -explicó al iniciar su segundo término- se está “logrando devolver a los guatemaltecos el Ministerio público que se merecen”. Las voces en su contra la funcionaria las circunscribe a campañas de ataques.
“El camino recorrido no ha sido sencillo a pesar de los constantes ataques de los cuales he sido objeto por parte de algunas personas que buscan una justicia parcializada, queriendo instrumentalizar la institución a favor de unos y en contra de otros”, dijo.
Y Giammattei afirmó que ha sido una decisión “soberana” sobre una profesional que reúne todos los requisitos y que la selección siguió “un procedimiento legítimo que cumple con los estándares internacionales en la materia”.
¿Cómo se perfila la relación con Guatemala desde la comunidad internacional?
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, fue categórico al reaccionar luego de que Porras fuera juramentada para continuar en el cargo, el jefe de la diplomacia estadounidense lamentó la falta de compromiso de Guatemala para hacer frente a la corrupción e impunidad.
«La nueva nominación de la fiscal general Consuelo Porras socava profundamente la confianza en el compromiso de Guatemala para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho”, aseguró el Departamento de Estado.
A la vez Estados Unidos anunció que ampliaría las sanciones para Porras, familiares y otros funcionarios, el secretario Blinken ve que la fiscal ha actuado para “obstaculizar” la lucha anticorrupción en el país y socavar los cimientos de la democracia.
La Comisión Europea tampoco guardó silencio y ha dicho a través de su portavoz, Peter Stano, que la reelección de la fiscal general es “lamentable” al haberse observado la persecución contra jueces y fiscales independientes durante su primer término al frente del Ministerio Público.
“El estado de derecho y las instituciones fuertes e independientes son esenciales para el éxito, la inclusión y la sostenibilidad del desarrollo social y económico de Guatemala”, apuntó.
En represalia ante la reacción de Estados Unidos a su decisión el presidente Alejandro Giammattei anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, del 6 al 10 de junio.
“Ya les mandé a decir que no voy a ir (…) porque a este país se le respeta, se le respeta su soberanía”, informó Giammattei que agradeció que la frontera de Guatemala no sea inmediata a Estados Unidos.