La renuncia forzada de la jueza Erika Aifán confirma que la alianza oficialista no quiere dejar ningún cabo suelto en el sistema de justicia. Desmoronamiento total.
Gonzalo Marroquín Godoy
La acosaron durante largo tiempo, la encajonaron en un callejón en el que la única salida para ella era ir a la cárcel, una cárcel en donde sería fácil de alcanzar para muchos de los personajes oscuros de este país que ella envió a prisión por diferentes delitos. Eso solamente le dejaba una opción; salir al exilio y seguir su lucha desde fuera, con el coraje de siempre, pero lejos de su país.
No conozco personalmente a la jueza Erika Aifán –deja el cargo a partir del 5 de abril–, pero la admiro por su firmeza y determinación. No claudicó ante la presión ni el acoso al que fue sometida y solamente tomó la decisión de salir al exilio al comprobar que no enfrentaba a la justicia, sino a las mafias que tienen el control de las instituciones que obedecen los deseos de la alianza oficialista.
Este caso nos debe llamar a la reflexión a los ciudadanos comunes y corrientes. No se trata de un hecho aislado, en realidad es una demostración más de que esa macabra alianza no se detiene ante nada, no le importan las repercusiones y mucho menos le preocupa la imagen que pueda transmitir, tanto a nivel nacional como internacional.
Ella no se arrugó cuando la Corte Suprema de Justicia (CJS) la tiró como a un pozo de los leones con un juez pesquisidor que responde a la alianza oficialista, pues se trata del magistrado Roaldo Chávez, que es a la vez secretario del Instituto de Magistrados, curiosamente la parte acusadora contra Aifán. Ah, claro, no hay que olvidar que ese instituto ha recibido dinero de la propia CSJ, seguramente para proceder contra los opositores al sistema corrupto.
Total, que le tenían preparado el tamal. No había opción de legítima defensa ni debido proceso. Por eso, ese magistrado le negó la solicitud a la valiente Aifán de convertir las audiencias de su caso en públicas. Ella quería que el pueblo de Guatemala fuera testigo de lo que se anticipaba como linchamiento judicial en su contra.
¿Por qué tanto miedo a la jueza Erika Aifán? No es difícil entenderlo. El Tribunal de Mayor Riesgo D a su cargo llevaba demasiados casos sensibles de corrupción y varios de ellos implican a personajes vinculados a la alianza oficialista. Era una piedra demasiado grande en el zapato.
Basta con ver a qué se referían algunos de esos casos: Construcción y Corrupción I y II, Odebrecht, Comisiones Paralelas, Financiamiento partido Unionista, Comisiones Paralelas 2014 y 2020, Caso los Huistas, Operación Lavado de activos, y otros más recientes, como el caso de soborno para financiar la campaña electoral de Alejandro Giammattei y el caso de filtraciones de información para obstaculizar la justicia, desde el despacho de la fiscal general, Consuelo Porras.
¡Había que perseguirla y quitarla! Esa fue la conclusión a la que llegó la alianza oficialista, más empeñada que nunca en cerrar los casos de corrupción y que las aguas vuelvan a la normalidad –para ellos–. Por eso, en todas las mediciones que se hacen, Guatemala aparece como uno de los tres países más corruptos de Latinoamérica. ¿Casualidad?
LEE ADEMÁS:La primera entrevista de Erika Aifán desde el exilio
Da risa escuchar voces desgarradoras protestando por la intervención extranjera, cuando el embajador William Popp hizo acto de presencia y solidaridad con la jueza Aifán en la audiencia por su injusto antejuicio. Claro que se necesita de la solidaridad y apoyo de la comunidad internacional cuando la democracia se vuelve disfuncional y no se respetan los derechos humanos. Aquí la justicia brilla por su ausencia y en cambio reluce la impunidad.
Van quince operadores de justicia –fiscales y jueces principalmente– que han tenido que salir al exilio. El común denominador: su postura anticorrupción, ser independientes y haber desafiado a ese sistema político que tiene cooptado al MP, las cortes –CC y CSJ– y demás instituciones del sector justicia.
Va quedando poco rescatable en ese sector. Apenas quedan unos cuantos jueces que se resisten a capitular y luchan por su independencia y dignidad, pero el mensaje que les llega es claro: los que no están al servicio de la alianza oficialista, están en la mira. ¡Así de fácil!
Mientras tanto, la alianza y Giammattei, preparan el siguiente acto de la obra trágica, La injusticia impera en Guatemala, que no es más que la definición de la elección de fiscal general. La primera opción sigue siendo el brazo inquisidor del presidente y tapadera de la corrupción, Consuelo Porras, pero si algo falla en el camino, hay varios sustitutos afines a la línea impuesta. No hay uno solo de los aspirantes que pueda significar cambio positivo.
Nuestra justicia –la mujer con la espada y la balanza– está por los suelos. Muchos de los que hoy aplauden la forma en que la han tirado, pueden arrepentirse en el futuro. Insisto, sin justicia, no hay auténtica democracia.