Hay violaciones flagrantes a derechos humanos fundamentales contemplados en la Constitución y tratados internacionales. ¿Actuará o será comparsa del oficialismo?
Gonzalo Marroquín Godoy
En unos días apenas habrá cambio de Procurador de los Derechos Humanos (PDH), y en pocos días –mucho me temo–, habrá un giro en la Procuraduría, que pasará de manos independientes al oficialismo, lo que puede significar que esa institución deje de ser una trinchera para defender los derechos ciudadanos de los guatemaltecos.
Desde 1986, cuando se crea la PDH, han pasado 7 magistrados de conciencia, algunos de los cuáles han jugado un papel importante en la vida democrática y otros con un perfil menos eficaz, pero siempre distanciados de la línea oficialista, sobre todo, porque su principal tarea es defender a los ciudadanos de los abusos que puedan sufrir a manos de las instituciones del Estado.
Lamentablemente esa tradición se ha perdido y ahora se eligió a José Alejandro Córdova, quien ha sido un abogado con vínculos con partidos políticos y dependencias del Estado, apoyado además por la alianza oficialista desde la Comisión de Derechos Humanos y luego en el pleno.
No he escuchado ninguna voz seria que destaque cualidades o ejecutorias del nuevo PDH, mientras que los grupos pro derechos humanos manifiestan sus inquietudes por el rumbo que pueda tomar la Procuraduría, una institución que ha sido la voz de los abusados y siempre ha servido para presentar quejas, esperando que, si un funcionario incumple con sus funciones, pueda al menos ser señalado moralmente.
La Constitución y la Ley de la Procuraduría, establece que entre sus atribuciones está el investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas, así como, investigar toda clase de denuncias que sean planteadas por cualquier persona sobre violaciones a los Derechos Humanos.
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En tal sentido, cabe esperar que el actual PDH, Jordán Rodas, emita una censura pública antes de retirarse, al menos por dos violaciones evidentes que se vienen produciendo de manera flagrante en el país: la falta de un Estado de Derecho, y los atentados contra la libertad de prensa. Ambas políticas represivas están siendo aplicadas por las instituciones del sistema de justicia, convertidas en marionetas de la alianza oficialista.
Al margen de lo que haga Rodas, debemos esperar lo que hará su sucesor, puesto que finalmente debiera darle seguimiento a lo que está sucediendo en el país, algo que por cierto ha sido denunciado nacional e internacionalmente por diferentes organismos, naciones e instituciones.
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye no ser molestado por sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Aquí encaja –por más que se quiera disfrazar– la persecución y castigo a la que se está sometiendo al periodista José Rubén Zamora.
También se establece en dicha Declaración y en la Constitución, que todas las personas tienen derecho de una defensa justa, que no es el caso que estamos viendo sobre la persecución y acoso judicial en contra de periodistas, fiscales y jueces, a los que se obliga a salir al exilio, precisamente por la falta de garantías constitucionales en los procesos político-judiciales que se les abre.
La lista de perseguidos por el actual régimen intolerante es enorme. Se acerca ya a los treinta y sigue subiendo. Los detenidos no reciben buen trato y sí presión psicológica, mientras que los que han podido salir al exilio tienen que vivir con limitaciones, pero saben que volver les representaría un juicio injusto y cárcel, como ha sido con quienes son capturados aquí.
El Ministerio Público, brazo represor, ni siquiera se preocupa ya de las formas. Presenta pruebas plagadas de ilegalidades, porque sabe que los jueces seleccionados en los casos específicos encuentran las excusas –también ilegales e inmorales– para retener a quienes la alianza oficialista ha colocado en sus listas de enemigos u opositores.
Bien dice la Biblia que a las personas por sus frutos los conoceréis. Si el PDH José Alejandro Córdova sale en defensa –al menos– de quienes sufren las evidentes violaciones a sus derechos humanos, entonces demostrará que tiene los méritos para recibir la confianza de la población. Si, por el contrario, actúa como espera el oficialismo, estaremos ante la sepultura, al menos por cinco años, de una de las instituciones más valiosas para nuestra democracia.
Por lo regular, a los funcionarios públicos se les concede un período de gracia para que demuestren sus cualidades y ejecutorias. En este caso no hay tiempo que esperar. Si en su primera semana no actúa en la dirección correcta, es que buscará los pretextos para complacer al oficialismo y demostrarle que no se opondrá a sus políticas, por más que atenten contra los derechos humanos.
Con los derechos humanos y el PDH no hay de otra: se defienden… o se es cómplice de las violaciones.