Barcelona, España | AFP |
Las autoridades soberanistas de Cataluña (foto superior) previeron un plan de declaración unilateral de independencia para aplicar luego del referéndum celebrado el 1 de octubre, que afirman haber ganado, pese a la prohibición de la justicia española y la frontal oposición del gobierno de Madrid.
Estos son los puntos clave del plan hacia la secesión:
¿Cuándo se declararía?
La ley del referéndum de autodeterminación aprobada el 6 de septiembre por el parlamento catalán, dominado por los separatistas, prevé que la victoria del sí en la consulta del domingo pasado «implica la independencia de Cataluña».
La declaración formal debe ser aprobada por el parlamento en los «dos días siguientes» a la proclamación oficial de resultados, un paso formal que todavía no ha se dio pese a que ya se anunciaron los resultados definitivos.
Así, el gran interrogante es cuándo el Ejecutivo catalán activará la cuenta atrás con dicha proclamación.
Las autoridades ya adelantaron que en el referéndum, que no contó con las garantías habituales en este tipo de consultas, ganó el sí con un 90,18% de los votos de los 2,29 millones de participantes (43,03% del censo).
De todas maneras, a ojos de la justicia española todos estos pasos son írritos, toda vez que el Tribunal Constitucional suspendió la ley del referéndum y prohibió la realización del referéndum.
¿Independiente inmediatamente?
Al ser proclamada la independencia, entraría en vigor la llamada «Ley de transitoriedad», que constituye a Cataluña como «una República de Derecho, democrática y social» y abre un «periodo de transición» para que se dote de sus leyes e instituciones.
Esa «norma suprema» regiría hasta la aprobación de la Constitución, en un proceso participativo que se prolongaría al menos seis meses.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, pasaría a ser el jefe del Estado.
Pero el gobierno catalán no ha aportado mayores detalles sobre qué medios dispone para asegurar realmente las funciones clásicas de un Estado: seguridad, control de fronteras y del espacio aéreo, finanzas, salud…
Y una vez más, el Tribunal Constitucional actuó y suspendió la ley de ruptura.
«Para ser independientes hay algunas cosas que todavía no tenemos», dijo Artur Mas, predecesor de Puigdemont e iniciador del proceso secesionista, en una entrevista difundida el viernes por el Financial Times.
¿Sería legal?
Las autoridades catalanas afirman que Madrid no les dejó otra opción que actuar unilateralmente y convocar el referéndum de autodeterminción ante su negativa de dialogar al respecto.
Afirman también que las ampara el «derecho a la autodeterminación» de las Naciones Unidas, aunque este se aplica sólo a colonias y pueblos oprimidos, y «Cataluña no está en esa categoría», recordó el anterior secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Por otro lado, la ley de referéndum instauró en Cataluña un «régimen jurídico excepcional» que «prevalece jerárquicamente sobre todas las normas con las que pudiera entrar en conflicto».
Pero todo esto choca con el Tribunal Constitucional, que ha declarado de forma reiterada que la Constitución de 1978 no permite un referéndum así.
La Carta Magna establece «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», cuya «soberanía nacional reside en el pueblo español».
De allí que la justicia y el gobierno central de Mariano Rajoy insistan en que una decisión sobre la unidad de España no puede recaer en una sola región, sino exclusivamente en el conjunto de los españoles.
En el ámbito externo, la independencia de Cataluña pasaría por un reconocimiento internacional, y hasta el momento ni un solo país ha adelantado que daría su aval a la nueva república catalana.
La Unión Europea ya ha advertido que una Cataluña independiente quedaría fuera del bloque.
Motivos
Cataluña, región con lengua y cultura propias de 7,5 millones de habitantes, ha mantenido por momentos relaciones complejas con Madrid.
En 2010, las reivindicaciones nacionalistas recibieron un fuerte impulso cuando el Tribunal Constitucional anuló parte del Estatuto de autonomía catalán que los definía como «nación», algo vivido por muchos catalanes como un agravio.
A partir de ahí fue creciendo el apoyo a la independencia, acentuado por la crisis económica.
Luego de una primera «consulta» sobre la independencia en 2014, prohibida por la justicia, en septiembre de 2015 los independentistas ganaron las elecciones regionales, que semejaron un plebiscito sobre la secesión, aunque sin lograr la mayoría de votos.
Lo que sí obtuvieron fueron 72 de los 135 escaños del Parlamento, lo que les ha permitido avanzar en su plan secesionista.
En enero de 2016, Carles Puigdemont se convirtió en nuevo presidente de Cataluña, con el proyecto de la independencia a más tardar en 2017.
¿Apoyo popular a la independencia?
La sociedad catalana se muestra muy dividida ante la independencia, según las encuestas.
En el último sondeo del gobierno catalán publicado en julio, 41,1% se mostraba a favor y 49,4% en contra.
Sin embargo, la mayoría de los catalanes quiere que el debate se decida con un referéndum legal y con garantías.