El proceso de selección y elección de fiscal general se lleva a cabo en el peor momento para la justicia de Guatemala. La gran duda es si se puede rescatar el Ministerio Público.
Gonzalo Marroquín Godoy
La verdad, estoy convencido de que este es el peor momento de la justicia en nuestro bello y maltratado país, al menos desde que cobró vida la actual Constitución en 1985, cuando soplaban aires de renovación política, libertad, respeto, y los guatemaltecos empezábamos a creer que una nueva era democrática estaba por principiar.
Ha sido un largo caminar desde entonces para el sistema de justicia. Nada ha sucedido de la noche a la mañana, pero lamentablemente hemos visto un constante deterioro en la calidad de las autoridades judiciales, hasta llegar al momento actual, en donde la mayoría de operadores han cedido su independencia a cambio de prebendas y han entregado cortes, salas y muchos tribunales al interés del poder político y las mafias.
Ahora estamos en medio de un proceso para elegir nuevo(a) fiscal general. Por cierto, cabe destacar que las tres últimas han sido mujeres, pero la actual jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, ha preferido convertirse en apéndice del oficialismo para ser tapadera de la corrupción y fomentar la impunidad.
Sus antecesoras Claudia Paz y Paz mantuvo el necesario distanciamiento del presidente Álvaro Colom –quién la eligió–, mientras que su sucesora, Thelma Aldana, mostró tan claramente que era independiente, que abrió procesos contra los gobernantes de turno, Otto Pérez Molina –quien la designó al cargo– y Roxana Baldetti.
De Consuelo Porras no está de más destacar que no ha movido un dedo para investigar a su mentor, Jimmy Morales, y en el caso del actual presidente, Alejandro Giammattei, lo ha protegido en casos delicados, como la Trama Rusa, que se niega a investigar, a pesar que conoce de la posibilidad de tener un testigo de todo lo sucedido aquella misteriosa noche en la zona 15.
Es claro que la fiscal Porras se ha encargado de dar un frenazo a la lucha anticorrupción.
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Ahora tenemos que poner atención al trabajo de la comisión de postulación que escogerá a seis aspirantes al cargo de fiscal general, para que entre ellos el presidente Giammattei escoja al sucesor de Porras, quien es de esperarse que no se postule siquiera a la reelección, pues no llena los mínimos requisitos de idoneidad y honorabilidad, como bien lo ha señalado el departamento de Estado de los EEUU.
Uno de los 12 decanos que participa en dicha comisión, David Gaitán (Universidad Da Vinci), ha propuesto una metodología interesante que ojalá se siga: propone -entre otras cosas– que todos los aspirantes tengan que demostrar su trayectoria en detalle, de la misma forma en que lo hace cualquier persona que aspira a un trabajo.
Los abogados deben comprobar donde han trabajado, quienes han sido sus clientes e incluso debieran tener referencias de su trayectoria de vida. Propone también que las discusiones que se tengan en la comisión sean públicas y transmitidas en vivo –hoy en día hay muchos medios para hacerlo–, para que la ciudadanía pueda fiscalizar. En realidad se enfoca en promover que la elección sea a favor de abogados idóneos y honorables, y que en el proceso haya transparencia.
La estrategia de la alianza oficialista es que Giammattei reciba alguno(s) nombres de abogados que se adecúen a su línea pro impunidad y escoger entre ellos. Para eso, la comisión de postulación debiera inclinarse a favor de los candidatos oficialistas que llegarán, y es aquí donde se podrá ver la tendencia de algunos de los postuladores.
Se sabe que la presidenta de dicha comisión, la magistrada oficialista Silvia Valdés –por cierto en el cargo de manera inconstitucional–, trabajará con los decanos de su misma línea, al igual que con los representantes del Colegio de Abogados.
Si el nuevo(a) fiscal general sigue la línea actual, el país habrá perdido. Si por el contrario se logra que haya un giro de noventa grados, entonces veremos una luz de esperanza. Eso sí, hay que poner atención a lo que harán los representantes de la academia. Cinco de los 12 decanos ya participaron en el proceso anterior. Hay universidades que tienen facultad de Derecho solamente para influir en estos procesos. Eso es algo que debe cambiar.
Vale la pena apelar a la conciencia de los decanos. Conozco a un par de ellos y sé que no se prestarán al baile que propone el oficialismo, porque saben que detrás hay mafias, estructuras criminales y políticos o personas corruptas.
Es una batalla que se definirá así: seguimos por el derrotero de destrucción democrática que llevamos, o vuelve la dignidad e independencia al MP y con ello, esperanza para Guatemala.