- Continúa la lista de anomalías en el proceso judicial contra José Rubén Zamora Marroquín. Esta vez, la defensa pública le cambia abogado horas antes de la audiencia y se presenta sin conocer el caso a fondo
Los abogados contratados por José Rubén Zamora para su defensa han sido acusados e intimidados por los jueces: uno está preso, otro estuvo varios días detenido bajo fuerte presión hasta que aceptó cargos para recobrar su libertad y un tercero estuvo bajo acoso del sistema hasta que abandonó el caso.
Hoy sigue el calvario del periodista para su defensa, cuando apenas unos minutos antes de una importante audiencia conoció al abogado defensor nombrado por el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), luego de que en las últimas horas se decidiera el cambio de una abogada que había sido nombrada previamente, sin que hubiera una justificación legal para ello.
¿La razón? Las presiones de la Fundación Contra el Terrorismo (fundaterror) sobre el IDPP, que por medio de sus netceters criticó el primer nombramiento de una profesional de reconocida trayectoria.
La audiencia de hoy era importante por el interrogatorio que se debe hacer a una de las partes acusadoras: el ejecutivo Ronald García Navarijo.
El nuevo abogado, Joel Iván Reyes Guzmán, reconoció no conocer el expediente del caso y se limitó a escuchar en silencio el interrogatorio del personaje, que es parte de la acusación contra Zamora, juntamente con la Fiscalia Especial Contra la Impunidad (Feci) y fundaterror. García Navarijo es también acusado en un caso de lavado de dinero por más de Q18 millones y goza de liobertad, mientras que Zamora, acusado del mismo delito por Q300 mil, guardia prisión desde hace más de diez meses.
En la audiencia, Zamora Marroquín solicitó a la jueza que intervenga para que cesen las requisas en su cacerleta en Mariscal Zavala, ya que las mismas se realizan en horas de la madrugada, casi siempre cuando hay audiencias públicas, en un aparente afán para incidir en el estado de ánimo y salud del periodista.
El caso ha estado plagado de anomalías desde el momento de la captura del acusado, a quien también se le imputan los cargos de chantaje y obstrucción a la justicia.
Además del acoso judicial hacia su equipo de defensa, al periodista se le han impedido que presente pruebas de descargo y algunos de los testigos planteados por él en un principio, fueron hostigados, acusados del delito de encubrimiento y luego obligados a aceptar cargos, en un intento por hacer ver mal al periodista.
García Navarijo, exbanquero del Banco de los Trabajadores, realizó varias grabaciones ilegales en reuniones y llamadas telefónicas con Zamora. A pesar de ser ilegales las grabaciones, como lo demostró en su oportunidad uno de los abogados de Zamora en las primeras audiencias, el juez Freddy Orellana las justificó como pruebas «porque en España son legales, y ustedes saben que España es un país democrático».
Varias organizaciones de derechos humanos que siguen con interés el caso han señalado las anomalías que se han presentado, a pesar de lo cual el juicio ni se detiene ni parece que vaya a cambiar de dirección.
El diario «elPeriódico», propiedad de Zamora –el que tuvo que dejar de publicarse desde el pasado lunes por el acoso al que fue sometido el medio y su personal–, comparó el juicio contra su fundador con los que se hacían en la época de la inquisición, en los cuáles los señalados estaban previamente condenados y no se les permitía una defensa justa.