Sentado junto a decenas de obreros con cascos y uniformes amarillos, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, sonríe para una selfie tras inaugurar una megaobra ferroviaria de la constructora brasileña Odebrecht, empresa que reconoció haber pagado millonarios sobornos en el país centroamericano.
Radio en mano, Varela dio la orden para el inicio de operaciones de la línea dos del metro, un monorriel elevado al este de Ciudad de Panamá realizado por Odebrecht junto con la española FCC Construcción.
El mandatario ha sido duramente criticado por no cancelar los contratos con Odebrecht, que ha reconocido haber pagado en Panamá al menos 59 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2014.
“El tema Odebrecht va a ser la papa caliente para cualquiera que llegue al gobierno. Va a ser un problema no tan sencillo de resolver”, señaló a la AFP Magaly Castillo, exdirectora de la organización Alianza Ciudadana ProJusticia.
La compañía brasileña ha sido uno de los principales contratistas en el país centroamericano.
Desde el 2005 ha ejecutado 17 proyectos, entre carreteras, autopistas, paseos marítimos, líneas de metro, hidroeléctricas o renovaciones urbanas por un monto aproximado de US$10 mil millones.
“Hemos estado pagando en todos estos megaproyectos un sobreprecio significativo”, lamentó Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), uno de los grupos que propuso cambiar la legislación de contrataciones públicas.
La ley fue modificada, pero a última hora se agregó que, para inhabilitar a una empresa por corrupción, debía ser condenada en tribunales panameños, por lo que Odebrecht puede seguir licitando.
“No es tan fácil”
Los principales candidatos presidenciales para las elecciones del 5 de mayo se han mostrado partidarios de reformar la ley para inhabilitar a compañías acusadas de corrupción.
Sin embargo, los miles de puestos de trabajo que genera la multinacional y el pacto alcanzado por Odebrecht con la justicia no lo hace tan fácil, según expertos.
La dificultad está en que Odebrecht acordó pagar al país centroamericano una multa de US$220 millones en 12 años y colaborar con la justicia, en el marco de un acuerdo alcanzado entre las fiscalías de Brasil y Panamá.
Este acuerdo establece el pago de la multa, inmunidad para los ejecutivos de Odebrecht en Panamá, revelación del esquema de corrupción utilizado por la compañía, así como el nombre de todos los implicados en los actos de corrupción y la posibilidad de seguir contratando con el estado.
“La inhabilitación es un tema muy complejo que muchos de los candidatos están instándolo como un caballito de batalla en la campaña para decir la frase fácil, pero que no tiene solución fácil desde el punto de vista jurídico”, señaló Olga de Obaldía, directora ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional.
“No es de un plumazo que puedes echar para atrás un acuerdo de país a país”, añadió De Obaldía.
Algunos analistas también temen que, de ser inhabilitada, Odebrecht no pagará la multa por falta de flujo de caja.
“Lo que estaría en peligro son los US$200 millones de multa”, dijo Planells.
Corrupción, como el tango
Odebrecht se encuentra en el centro de un gigantesco escándalo de corrupción que ha sacudido los círculos de poder y la política en América Latina, que ha llevado a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Perú, Colombia y Brasil.
En Panamá hay unos 80 imputados, entre ellos los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quienes habrían recibido unos US$56 millones de Odebrecht para facilitar trámites y otros servicios, según las acusaciones.
Varios de sus exministros también han sido detenidos en relación con la trama. Sin embargo, nadie ha ido aún a juicio por este escándalo que, muchos sospechan, salpica a los tres últimos gobiernos panameños.
Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional de Tocumen inauguró este lunes su nueva terminal de pasajeros, también a cargo de la constructora brasileña.
“Odebrecht no inventó la corrupción, sino que la utilizó, la expandió y la aprovechó a niveles nunca conocidos en América Latina”, dijo el economista Francisco Bustamante, extrabajador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“¿Impidiendo que vuelva a licitar en Panamá se acaba la corrupción? No, porque la corrupción es como el tango, se necesitan dos para bailar”, añadió.