| …la CC continúa siendo el principal guardián del statu quo en diferentes decisiones, en particular, la que veda la potestad presidencial para destituir a la fiscal general. Cuando los volantes y defensas del pacto oscuro tienen contratiempos, el gran cancerbero que es la Corte Celestial, queda a cargo. … el sistema nunca pierde, a veces cede peones, caballos y hasta alfiles, pero la protección de la “Reina” es lo que importa (alusión no necesariamente figurativa). |
Las noticias periódicas del acontecer nacional son una fuente esencial para realizar análisis que permitan construir prospectivas. En este sentido, quiero destacar algunos hechos que van delineando la situación política de Guatemala.
La semana pasada arrancó con un Bernardo Arévalo que quiere mostrarse firme frente al ejército y la opinión pública nacional e internacional, al pedirles «no asociarse con actores poco transparentes». A la vez, ordena la revisión de la doctrina militar. «Entre las debilidades se encuentran las prácticas que ponen a la institución militar al servicio de políticos de turno y de actores poco transparentes o incluso criminales.» Esta contundente declaración, dista del tono elogioso y condescendiente que había manejado semanas antes con respecto a los castrenses. El gobernante enfatiza en un secreto a voces respecto del Army.
Por otra parte, las fuertes declaraciones de la comisionada Andrea Pochak con respecto al informe preliminar de la CIDH, orillan al mandatario a hacer algo más que declaraciones públicas, al señalar que la situación en Guatemala es paradigmática, pues la crudeza que se observa en la instrumentalización de la justicia y otros factores negativos, no se observa en ningún otro país de la región. Si bien la mayoría de señalamientos son para los dos últimos gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, el actual no se exime de responsabilidad en algunos temas puntuales que tienen que ver más con la inacción frente a la abierta y descarada seguidilla de acciones del MP para socavar la democracia y el Estado de derecho. Así mismo, pareciera que COPADEH ha visto reducido su campo de acción a un resarcimiento material insuficiente, habiendo olvidado por completo la integralidad de los Acuerdos de Paz, cuya mención quedó en pura retórica vana.
En cuanto a la pugna entre el presidente y la fiscal general, la Corte de Constitucionalidad acaba de asestar un golpe casi definitivo a la pretensión de destituirla mediante mecanismos legales. En la práctica, la potestad presidencial de destitución es superada por una resolución de la CC que indica que solo una condena judicial en firme podría ser causal de despido, lo cual, dada la situación de cooptación del sistema de justicia, deviene imposible.
En otro orden, el ministro de Finanzas presentó el proyecto de presupuesto 2025, lo cual supone una nueva batalla en el Congreso. Como ya he indicado, no existe una alianza oficialista como tal, sino un pacto que se alimenta de beneficios clientelares para que los diputados levanten la mano. El presidente debe cuidarse mucho de no caer en los mecanismos de chantaje que provocaron la caída de Jorge Serrano Elías, quien ante su debilidad, optó por sobornar a congresistas, con los resultados ya conocidos.
Otro elemento que no abona a la firmeza e independencia del mandatario, es la aceptación de 135 presos políticos de Nicaragua. Al margen del carácter humanitario y plausible que pueda significar este hecho, la conferencia de prensa del canciller junto al Subsecretario Adjunto para América Central, Eric Jacobstein, podría recordar la imagen de Todd Robinson a la par de Otto Pérez Molina en aquella icónica conferencia en la que el embajador norteamericano, incluso usa el podio del expresidente, para expresarse.
Un punto a favor para el Ejecutivo, es el Acuerdo Ministerial 214-2024 del MINGOB que ordena la creación de una instancia especial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. A pesar de la oposición de sectores ultra conservadores en el Congreso, la respuesta de la mayoría fue de apoyo, siendo un tema muy sensible, sobre todo, a la luz de tantos hechos de violencia ocurridos en contra de activistas, defensores y operadores de justicia promotores de los derechos humanos.
Otro elemento positivo fue la aprobación en definitiva de la ampliación presupuestaria, ya sancionada en el Diario Oficial y que contó con el aval de la Corte de Constitucionalidad. Después de salvar varios obstáculos técnicos y políticos, el gobierno central ya cuenta con recursos para atender emergencias y otras prioridades. La gran pregunta es: ¿Podrán ejecutar eficazmente más de Q14 mil millones en tan poco tiempo que queda?
En contraste, un funcionario público muy cercano al presidente, Oswaldo Samayoa, director de COPADEH, sale por la puerta de atrás por un desliz sentimental, pésimamente mal manejado, lo cual continúa desgastando la imagen de transparencia y probidad del nuevo gobierno. Por cierto, fuertes rumores dan cuenta de varios casos similares en otras dependencias.
Otro problema que continúa siendo un dolor de cabeza para el gobierno es el tema portuario. En esta semana hubo bloqueos en los puertos de San José y Quetzal; así mismo, la ineficacia en las operaciones, tendrá resultados graves en el mediano plazo.
En cuanto al sector justicia, el MP continúa siendo protagónico en la coyuntura nacional. Desde la semana pasada el ente encargado de la persecución penal solicitó información acerca de la plaza que ocupa Aldo Dávila en el Congreso. Ya se sabe que este mecanismo es una de las tantas formas de “advertir” a cualquier personaje incómodo, instrumentalización muy propia de la administración de la señora Consuelo Porras.
En otro orden, el MP tuvo que destituir a Allan Tánchez, auxiliar fiscal carente del título de abogado y autor de varias anomalías, ante la denuncia pública que hiciera el diario La Hora y otros activistas de sociedad civil. Dado el aislamiento internacional de la señora Consuelo Porras y su continuo desgaste por la pelea con el presidente, estos hechos terminan por debilitarla más, aunque por todo lo que he venido comentando en mis columnas, la señora todavía tiene mucha cuerda.
El desgaste institucional es general y evidente, como lo demuestra el enfrentamiento entre el actual presidente del Organismo Judicial, Oscar Cruz, y la magistrada Elvia Ester Velásquez, quien quiso desvirtuar las declaraciones del primero respecto a la denuncia en redes sobre una supuesta reunión de los magistrados de la CSJ sin la presencia de su presidente y que posiblemente se debería a asuntos espurios. Resulta obvio que algunos personajes del Pacto de Corruptos han optado por desmarcarse; muy posiblemente estén recibiendo clases intensivas de inglés y ya les prometieron a sus familias un viaje a Disney, sin tener las cortapisas que tienen ahora, sus antiguos compinches.
La política no tiene un curso lineal, y por ello, en algunos casos se encuentran señales que no siguen el curso tradicional que se ha presenciado en los últimos años, como lo es la orden de ligar a proceso a Luis Rabbé. Aunque en el sentido contrario, la CSJ confirma al cuestionado juez, Fredy Orellana, como titular del Juzgado Séptimo Penal por un periodo adicional de 5 años. Como se constata, el sistema nunca pierde, a veces cede peones, caballos y hasta alfiles, pero la protección de la “Reina” es lo que importa (alusión no necesariamente figurativa).
En el Legislativo, el proceso de elección de nuevos magistrados, así como la elección de nueva junta directiva para el año entrante y el presupuesto 2025, seguirán concentrando la atención de los congresistas. Por cierto, muchos de ellos estarán tranquilos, pues la perentoriedad para entregar la lista de candidatos, así como la eliminación de requisitos anteriores para la depuración, hará que los propuestos al Congreso, no sean precisamente la crema y nata del pancracio de justicia.
La sociedad civil sigue absorbida por el seguimiento al proceso de comisiones de postulación, pero, sobre todo, en la presentación de señalamientos en contra de postulantes a las más altas magistraturas, los cuales, como era de esperar, han sido rechazados, salvo el caso relacionado con la “universidad” Da Vinci (Juan Carlos Rodil). En el mismo sentido, los pueblos indígenas mantienen su presencia en el escenario político, aportando sus propios señalamientos en contra de personajes muy cuestionados y que aspiran a las magistraturas más altas del país. Lamentablemente, sus demandas tampoco han sido atendidas.
Estamos en una guerra de desgaste que, al parecer, será de largo aliento…
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