| Los únicos interlocutores legítimos en la actualidad, son las autoridades indígenas y el presidente electo, quienes deben lograr que las élites al más alto nivel (no representantes) se sienten y acuerden con ellos una agenda mínima que incluya: la renuncia de los 4 encartados, la garantía del respeto al voto democrático del 25 de junio y del 20 de agosto, así como el compromiso para la construcción conjunta de un nuevo sistema político-electoral a partir del 14 de enero de 2024. |
El día lunes 16 de octubre fui entrevistado por un organismo internacional y derivado de ese intercambio de ideas, me gustaría trasladar mis conclusiones sobre esta crisis tan grave que estamos enfrentando.
Para entender la coyuntura actual hay que tocar puntos torales que no siempre son vistos, y mucho menos abordados, recurriendo, como siempre, al análisis histórico-estructural.
- Las tres últimas Constituciones Políticas de la República de Guatemala se han elaborado y promulgado durante gobiernos de facto, con todo lo que esto implica. En pocas palabras, las cartas magnas llevan implícito un “pecado original” que les asigna una naturaleza antidemocrática.
- Consecuencia de lo anterior, el proceso democrático nunca se ha llegado a concretar, por lo que Guatemala, hoy en día, se inscribe en el concierto de naciones como un Estado híbrido, una especie de democracia restringida basada únicamente en elecciones periódicas (cada 4 años) y rasgos autoritarios muy pronunciados. Es por esto que resulta un sin sentido hablar de defender la democracia, en todo caso, lo que se defiende es la voluntad popular expresada por medio del voto democrático en las dos vueltas electorales recientes.
- La actual crisis de gobernabilidad tiene sus raíces en la incapacidad de las élites gobernantes por generar hegemonía, reduciendo sus dinámicas a burdas acciones concentradas en la represión y, más recientemente en el Lawfare. La élite tradicional (oligarquía) tuvo que aceptar el acompañamiento del capital corporativo primero (años 70) y luego del capital emergente (años 80). Aunado a esto, la presencia incómoda del narco se convirtió en una necesidad societaria después, al extremo que ahora, se acuñó el nuevo término de narco-élites. Esto terminó erosionando la dominación uniforme de antaño, pero el golpe de gracia lo asesta un segmento ajeno a los 3 tipos de capital y que un colega liberal llamó “la rebelión de los brayans”. Esto se refiere a aquellos personajes discriminados y despreciados, cuyo futuro no podría ser menos promisorio, resultando con un poder inusitado que las mismas élites les concedieron por su avaricia y perversidad. Allan Rodríguez, el Tres Quiebres, los hermanos Quej en Alta Verapaz y los Arévalo en Totonicapán, Patricia Sandoval o Mayra Alejandra Carrillo, son tan solo un mínimo ejemplo de un contingente variopinto de personas sin ningún talante ético o intelectual, cuya habilidad se reduce a la operación política incondicional de quienes están muy arriba de ellos y ellas.
- Como escribí en mi último artículo PROVOCATIO: Entre la organización ancestral y la espontaneidad social (cronica.com.gt) el movimiento actual es inédito en la historia política del país, tal y como describo en la entrega del jueves 12 de octubre último. Muchas personas anticiparon que la protesta sería más de lo mismo y, de hecho, las primeras 72 horas del paro convocado por las autoridades indígenas no daba visos de ser tan fuerte y amplio. Sin embargo, a partir del viernes 6 de octubre todo cambió, y lejos de languidecerse, se ha fortalecido con imprevisibles consecuencias.
¿Cuáles son las características que definen la situación actual, base para la comprensión integral de la crisis?
- Un Estado de derecho muy precario, casi inexistente; lo cual dificulta una salida legal, justa y legítima.
- La carencia de un verdadero sistema de partidos políticos y la urgente necesidad de cambiar, no solo la LEPP, sino las condiciones que impiden tener un régimen político electoral moderno, democrático y sostenible.
- El autoritarismo antidemocrático de los funcionarios alineados al pacto de corruptos, quienes están dispuestos a todo, sabiendo lo mucho que tienen que perder y las funestas consecuencias legales que les esperan al ser develado públicamente el constante latrocinio y acciones espurias para mantener e incrementar sus privilegios ilegítimos.
- Toda la institucionalidad del Estado está cooptada y el único ente que revirtió esa condición a última hora, fue el TSE. Es fácil inferir entonces que cualquier salida no debe pasar por la institucionalidad atrincherada sino por la base social y las élites económicas no alineadas al pacto criminal.
- La polarización alcanzada supera la surgida por el juicio del genocidio y la expulsión de la CICIG. La violencia ha surgido y tiene visos de incrementarse, por lo que se dificulta cualquier negociación.
- El auge de la protesta social es como una bola de nieve que se va volviendo un alud. Una salida negociada se impone, pero los victimarios del Estado no serían interlocutores válidos para la misma.
- Esta es sin duda la mayor crisis de gobernabilidad desde 1986 y la multiplicidad de escenarios posibles llama más a la confusión que a la viabilidad de salidas que provean garantías mínimas para el respeto del voto democrático y la toma de posesión de las autoridades legítimamente electas.
- El mes de octubre provee de un significado especial a las protestas y estando tan cerca la conmemoración de la Revolución, esto también abona al entusiasmo del movimiento.
¿Salidas?
- Naciones Unidas podría acompañar el proceso como testigo de honor. Incluir a los victimarios en esta primera e inmediata etapa, no solo no tendría ningún sentido sino que condenaría al fracaso cualquier negociación.
- Una segunda etapa (ya con directrices claras) si puede incluir a otros actores incluyendo a los funcionarios del Estado causantes de la crisis. Definida así la metodología, sería una gran ventaja un acuerdo previo entre los principales actores, para luego hacer más presión sobre el funcionariado público y el empresariado ultraconservador que continúe apoyando el golpismo. El objetivo será lograr una garantía de los 3 organismos del Estado y el MP para la agenda mínima apuntada en el punto anterior.
- Rompimiento institucional
- De no lograr la negociación y acuerdos mínimos propuestos, no queda otra salida que la generalización y continuidad de la protesta con medidas de presión cada vez más fuertes e intensas, hasta lograr la salida de los cabecillas del golpismo.
A pesar de la complejidad de la situación, las dos grandes salidas son estas. Apuesto a la primera, pero dependerá de los actores legítimos aquí mencionados para que se pueda concretar.
¡Esta es la última llamada!