Está claro que la mayoría de empresarios sí están de acuerdo en respetar el voto democrático ejercido por el pueblo; también con el abandono del Lawfare como mecanismo golpista. El problema consiste en que, quienes parten el queso, es un grupito que tiene mucho poder económico y se impone, mediante amenazas y medidas de coerción, a las mayorías organizadas en las cámaras empresariales. Si no se logra que estos cedan (aunque no se sienten a dialogar) las mesas se llenarán de representantes/empleados y dirigentes empresariales sin poder fáctico de decisión y los resultados serán similares a los comunicados de las cámaras, es decir, inútiles. |
En mis dos últimas columnas he señalado el carácter suigéneris del movimiento social, destacando como gran aporte el hecho que el programa que movió a tantas personas y grupos, fue mínimo. Si algo complica las articulaciones sociales, es esa manía de ensartar pliegos de peticiones interminables e inviables, pretendiendo que todo mundo se sume a sus agendas.
Parte del gran éxito y alcance que el movimiento social, liderado por 48 Cantones y demás autoridades indígenas, ha sido concentrarse en 3 puntos esenciales de demanda:
- La lucha contra la corrupción;
- El respeto al voto democrático expresado en las dos vueltas electorales; y
- La renuncia de 4 personajes siniestros: Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cynthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.
Algunas personas que se las llevan de exquisitos dirán que eso no basta, confundiendo táctica con estrategia, el corto plazo con el largo y lo convocante aglutinador, con lo esencial. La mayoría de quienes hacemos análisis, sabemos que los cambios dentro del sistema y con él, no cambian la estructura perversa y mucho menos, el modelo económico depredador, causante de todos los males. Sin embargo, en un escenario donde la correlación de fuerzas es tan desigual, en perjuicio de los sectores democráticos, las luchas deben adquirir un alto porcentaje de viabilidad, sentido común y juego táctico-estratégico.
La gran contribución que significó esta agenda mínima no se ha terminado de aquilatar, pero este pequeño gran detalle, logró aglutinar a una variopinta muestra significativa de la población, quienes con rasgos diversos en cuanto a cultura, sesgo ideológico, adhesión política o no; condición socioeconómica, grado de urbanismo y/o ruralidad, etnicidad, género y niveles de instrucción, entre otras diferencias; lograron una articulación espontánea que se adhirió fácilmente a la locomotora que es 48 Cantones y demás autoridades indígenas.
Así mismo, también afirmé qué: “Los únicos interlocutores legítimos en la actualidad, son las autoridades indígenas y el presidente electo, quienes deben lograr que las élites al más alto nivel (no representantes) se sienten y acuerden con ellos una agenda mínima que incluya…” (artículo del jueves 19-10-23 en Crónica). Está claro que los golpistas no entran, como sugieren cínicamente algunos consultores contratados por empresarios.
Mi punto es insistir en la importancia de mantener una agenda abarcadora (con tres o cuatro puntos a lo sumo) y la necesidad de identificar los liderazgos genuinos y no la simple dirigencia, así como los actores críticos, y no tanto, aquellos que son caja de resonancia. Llamo la atención sobre esto último porque ahora que el presidente electo convocó al diálogo, lo hizo dirigiéndose, básicamente, a las autoridades indígenas, los empresarios, y otros actores no tan específicamente determinados, con la mediación del Cardenal Ramazzini: Bernardo Arévalo se reúne con varios sectores en busca de una salida a la crisis política que se vive en Guatemala (prensalibre.com)
Al respecto, me preocupa que la segura exigencia de participación de diversos personajes y sectores, termine siendo un relajo, cuyo resultado pueda ser una variopinta demanda que, en aras de ser democráticos e incluyentes, culmine en aburridas e interminables mesas de diálogo dilatante con agendas multitemáticas que no se concretarán nunca. Incluir a Segismundo y todo mundo deriva en una especie de inclusionitis, con los resultados previstos.
También he indicado que es necesario un primer tiempo de diálogo con pocos interlocutores y que, básicamente, deberían estar constituidos por: Bernardo Arévalo y Karin Herrera, Autoridades Indígenas con énfasis en 48 Cantones y, finalmente, los empresarios que verdaderamente representan el poder en Guatemala (G-8). Esto último es crucial, pues los personajes cuya cabeza se pide, no tendrían la desfachatez exhibida si no fuera por el apoyo financiero y político de este pequeño grupo que está tras bambalinas, pero que ahora, ya identificamos con nombres y apellidos. No es casualidad que este petit, sea el mismo conglomerado de carteles herederos de la Colonia Criolla y que se consolidan con los monopolios decimonónicos: Azúcar, cemento, cerveza, alcohol y otros. Es el capital que los académicos distinguimos como oligárquico, para diferenciarlo de los otros dos tipos: Corporativo y Emergente.
Está claro que la mayoría de empresarios sí están de acuerdo en respetar el voto democrático ejercido por el pueblo; también con el abandono del Lawfare como mecanismo golpista. El problema consiste en que, quienes parten el queso, es un grupito que tiene mucho poder económico y se impone, mediante amenazas y medidas de coerción, a las mayorías organizadas en las cámaras empresariales. Si no se logra que estos cedan (aunque no se sienten a dialogar) las mesas se llenarán de representantes/empleados y dirigentes empresariales sin poder fáctico de decisión y los resultados serán similares a los comunicados de las cámaras, es decir, inútiles.
Confío plenamente en la sabiduría ancestral y los aprendizajes provenientes de la organización comunitaria que tiene siglos de solidez y comprobación empírica. Su liderazgo se lo han ganado a pulso, no de ahora, sino por medio de su histórica lucha por reivindicar sus propios derechos, pero que también redunda en beneficio de toda la población.
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