| Afortunada y plausiblemente, el gobierno de Bernardo Arévalo modificó esta parte y recuperó el término de Acuerdos de Paz en el Acuerdo Gubernativo 27-2024 emitido el 23 de enero de 2024 y por el cual se nombra al actual titular (excelente nombramiento, por cierto). Así mismo, se destituyó al subdirector ejecutivo de COPADEH, Edy Cano Cassiano del partido FCN de Jimmy Morales, que tanto daño hizo en el CNAP, sobre todo, en su gestión como penúltimo coordinador.Afortunada y pausiblemente, el gobierno de Bernardo Arévalo modificó esta parte y recuperó el término de Acuerdos de Paz en el Acuerdo Gubernativo 27-2024 emitido el 23 de enero de 2024. |
Historiador y analista político
“La historia ocurre dos veces: La primera vez como una tragedia, y la segunda como una farsa” (18 Brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx).
El 29 de diciembre de 1996, después de una guerra civil de 36 años, se firmaron los Acuerdos de Paz “firme y duradera”. El caso guatemalteco fue un hito histórico a nivel mundial, pues la mayoría de instrumentos suscritos para finalizar conflictos armados en el mundo, consistieron en armisticios, es decir, el simple silencio de los fusiles, pero no agendas políticas para construir un nuevo Estado, como sí fue el caso nuestro.
Hoy en día, una gran mayoría de guatemaltecos ignora la tenebrosa historia de la guerra o sencillamente no le interesa conocer esa parte tan oscura que muchos vivimos. Una saga de pavorosos acontecimientos que provocaron la muerte de 200 mil paisanos y la desaparición de 45 mil más. Si vamos a los vericuetos del proceso de paz y el contenido de los Acuerdos, la ignorancia es aún mayor.
A pesar de lo que significó la firma del fin del conflicto armado más largo del continente, la pompa con la que el gobierno neoliberal de Álvaro Arzú celebró dicho acontecimiento, fue más una parafernalia para engolosinar el descomunal ego del líder del ala más extrema de la derecha guatemalteca. Su asesor y amigo, Gustavo Porras Castejón logró convencerlo de firmar los Acuerdos con estas palabras, más o menos: “hagas lo que hagas, tu nombre se inmortalizará tan solo por este acto”. Y así fue, pasó a la historia como el presidente que dio ese gran paso y, a partir de ahí, las monedas de un quetzal pasaron a llevar su apellido estilizado en la impronta de las mismas. No está demás indicar que Porras Castejón había formado parte del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), vergonzoso caso que se repitió posteriormente, con varios ex insurgentes que pasaron de la militancia revolucionaria, al servicio del poder militar y oligárquico de turno.
Las élites y sus operadores políticos tardaron nueve años en reconocer el carácter de Acuerdos de Estado de dichos textos, pues fue hasta el Decreto Legislativo 52-2005, Ley Marco de los Acuerdos de Paz, en su artículo 3º, que quedó consignado este logro. Paradójicamente, fue un gobierno de derechas considerado proempresarial quien les dio impulso (Oscar Berger Perdomo 2004-2008). Destaca en este período, la labor del subsecretario de la Paz, Jorge Ruano, ante la indiferencia de la señora Norma Quixtán, titular de dicha Secretaría.
El siguiente gobierno generó muchas expectativas, pues si los conservadores habían dado tal impulso a los Acuerdos, los socialdemócratas (como se definía Álvaro Colom) le darían el espaldarazo definitivo para su sostenibilidad e implementación. Sin embargo, la desilusión fue mayúscula, pues el secretario de la Paz (Orlando Blanco, actual diputado de VOS) se desentendió del tema y su subsecretario (Oscar Bautista, ligado a militares) inició un ataque persistente a la institucionalidad de la Paz que la debilitó. ¿La razón? En la ley se le asignó a SEPAZ el papel de Secretaría Técnica del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP) y ante la carencia de autonomía financiera por carecer de una UDAF (Unidad de Administración Financiera) aún con presupuesto propio, todo debía pasar por la SEPAZ, quien bloqueaba por cualquier motivo e incluso usaba los fondos del Consejo sin ninguna autorización.
Con los gobiernos posteriores de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales, los ataques contra la legítima y única institucionalidad de la Paz –El CNAP– se hicieron más constantes y fuertes hasta llegar a inutilizar al Consejo. Sin sede donde sesionar, sin papelería y sellos, anulando las convocatorias para que las instituciones no pudieran nombrar a sus representantes, sin poder utilizar el presupuesto asignado y aprovechándose la SEPAZ de esta situación, para gastar fondos que no le pertenecían, son solo algunos de los vejámenes sufridos.
Lo peor estaba por venir con el gobierno de Giammattei, pues para asestarle un golpe definitivo a La Paz, abolió la Secretaría de la Paz (SEPAZ), la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPREDEH) y la Secretaría de Asuntos Agrarios (en un país con miles de conflictos por la tierra). El plan impulsado por Antonio Arenales Forno (el llamado Monje Negro[i]) secretario del gobierno del Partido Patriota, llegaba a su consolidación con el Acuerdo Gubernativo 100-2020 que crea la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), una institución espuria que sustituye a las dependencias eliminadas y que desnaturaliza los compromisos del Estado de Guatemala en materia de Derechos Humanos.
La iniciativa de destruir los compromisos de los Acuerdos de Paz llegó a tal extremo, que el gobierno anterior quiso eliminar también a la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) pero la valiente lucha de las mujeres organizadas y algunas obligaciones internacionales en la materia, no se lo permitieron. Quisieron abolir también el CNAP, pero el respaldo del Decreto Legislativo 52.2005, se los impidió.
Sin expectativas sobredimensionadas por el nuevo gobierno, la última directiva electa en forma legítima y aún vigente, convenimos en solicitar una entrevista con el Lic. Héctor Oswaldo Samayoa Sosa, nuevo titular de COPADEH, la cual se llevó a cabo este martes 6 de febrero recién pasado. Dicha reunión nos dejó una buena impresión dada la trayectoria de hombre democrático de derecho del Lic. Samayoa, su claridad política y conocimiento del tema, lo cual se evidenció en el coloquio sostenido.
Es muy pronto para sacar conclusiones, pero esperamos que la voluntad política del nuevo gobierno socialdemócrata se manifieste con tres peticiones concretas que hicimos:
- Que se reconozca la legalidad y legitimidad del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz –CNAP–, así como la autonomía de su funcionamiento, según el mandato establecido en el Decreto Legislativo 52-2005, vigente.
- Que COPADEH reasuma el papel de Secretaría Técnica del CNAP (tal y como está en su mandato legal) apartándose del funesto papel desempeñado por los titulares de SEPAZ anteriores; es decir, desechar la manipulación, obstaculización y ataques a la institucionalidad de la Paz. Confiamos plenamente en el Lic. Samayoa, pero nos preocupa la posibilidad que algunos miembros de su equipo (antiguos o recientes) pudieran no estar en esa sintonía.
- Apoyar la creación de la propia Unidad de Administración Financiera (UDAF) del CNAP a efecto de concretar la autonomía financiera del Consejo y trabajar de manera conjunta, pero independiente, para la plena vigencia de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos de Estado derivados de los Acuerdos de Paz.
[i] Leer los dos reportajes de Plaza Pública sobre este personaje, denominados Il Consigliere I y II.
[ii] El suscrito fue uno de los fundadores del CNAP, siendo su primer secretario técnico y haber fungido como consejero, asesor y consultor de 2006 a 2022, en forma ininterrumpida.
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