| Con los nuevos aires de gobiernos civiles, controlados por supuesto; las elecciones de segundo grado, aquellas en la que la ciudadanía no puede decidir directamente (de ahí su nombre) seguían manifestando tráfico de influencias a efecto que los escogidos para fungir en la Contraloría General de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, para nombrar solo a las principales entidades públicas; fueran personas con el aval elitario, del ejército y de la nueva clase política. |
José Alfredo Calderón E. (Historiador y analista político)
El miércoles 18 de junio hice un análisis de contexto en la Fundación María y Antonio Goubaud, invitado por la organización social Otra Guatemala Ya. En esa ocasión, hice énfasis en las elecciones de segundo grado y el origen, conformación y funcionamiento de las comisiones de postulación para los distintos cargos relacionados.
Una de las conclusiones relevantes al finalizar el evento, fue constatar el desconocimiento generalizado sobre este tipo de elecciones y sus mecanismos de designación.
En Guatemala, después de 1954, las élites diseñaron e implementaron un sistema político-electoral funcional a sus intereses que se basa, fundamentalmente, en la protección de sus privilegios, vía la “clase política” que crearon. Es decir, se dieron cuenta que el leitmotiv de los empresarios es generar capital, por lo que delegaron la función estrictamente política en un grupo de “profesionales”, a tiempo completo, para que accedieran a los cargos de elección que a ellos ya no les interesaba, pues siendo sus financistas, podían ordenarles todo lo relacionado a la protección de sus intereses. Ya he comentado en otras columnas cómo esto ha ido cambiando, pues el nuevo “gremio” desarrolló alas que fueron creando bandas criminales, las que pronto encontraron ancla en el narco. Así mismo, en la década de los cincuenta, la élite era una sola, conformada básicamente por el capital oligárquico, el más tradicional, antiguo y conservador; luego vendría el capital corporativo, el emergente y el narco propiamente, el cual está mezclado ahora, con los tres grupos dominantes (también ampliamente explicado en otras columnas).
El diseño implementado se basó en aparentar una democracia (restringida) cuyo elemento principal fueran las elecciones generales periódicas (las de primer grado) por lo que bastaba que la gente pensara que su voluntad valía de algo al votar aunque no eligiera, pues el proceso electoral ya está amañado, desde antes.
En la curiosamente llamada “apertura democrática” (1985 a nuestros días) se desarrolló una democracia restringida, o sea, algo que no es democracia, pero que se le parece bastante.
Con los nuevos aires de gobiernos civiles, controlados por supuesto; las elecciones de segundo grado, aquellas en la que la ciudadanía no puede decidir directamente (de ahí su nombre) seguían manifestando tráfico de influencias a efecto que los escogidos para fungir en la Contraloría General de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, para nombrar solo a las principales entidades públicas; fueran personas con el aval elitario, del ejército y de la nueva clase política.
En muchas ocasiones, la intervención de poderes paralelos era demasiado obvia y descarada, por lo que el sistema (la mano que mece la cuna) se inventó una salida un tanto particular. Ante el desprestigio de los operadores políticos, la Academia era uno de los pocos sectores que no estaba tan señalados y, de hecho, la USAC se erigía como la reserva moral del Estado. La responsabilidad de proponer candidatos a los cargos derivados de las elecciones de segundo grado ya mencionadas, recayó en las universidades, colegios profesionales y las Cortes, que todavía no aparecían en el imaginario social de forma tan decadente como ahora. Surge entonces, la Ley de las Comisiones de Postulación.
Si a nosotros, como analistas, nos cuesta entender las abigarradas formas que expresan dichas comisiones y el manoseo subterráneo de las mismas, el cual tampoco es visible a simple vista; se imaginan cómo le va al ciudadano de a pie, embelesado en las dificultades propias de su existencia material: trabajo, coste de vida, seguridad, etc. Los invito preguntar en su círculo familiar, laboral, social, comunitario, religioso y/o de negocios ¿Qué son y cómo funcionan las elecciones de segundo grado en Guatemala y sus correspondientes comisiones de postulación? Imagino que ya intuyen la respuesta.
La población se concentra en las elecciones generales, en este caso, el año 2027. Lo que pase antes no interesa, porque se desconoce y muchos piensan que no les afecta. Vuelvo al pensamiento de Simón Rodríguez, el educador de Simón Bolívar cuando sentencia: “Lo que no se siente, no se entiende; lo que no se entiende, no interesa”.
No faltan las voces de siempre, que pregonan la urgencia de un cambio, pero gatopardista; es decir, que todo cambie para que nada cambie. Unos proponen una nueva Ley de Comisiones de Postulación, otros una reforma a la misma, mientras que también se alzan voces para buscar otro sector al cual endilgarle la responsabilidad. No está lejos que propongan a la Iglesia Católica y la protestante, o peor aún, que incluyan al empresariado en forma expresa y ¿por qué no? Al narco.
¡No son las personas que dirigen las instituciones! Es el diseño estructural del sistema el que hay que cambiar. Dejemos de caer en el juego de argumentar, pobre y dócilmente: “Es lo que hay y debemos usarlo”.
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