La anulación voluntaria del contrato con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y la reparación al Estado por un monto de US$43.2 millones, es una propuesta hecha por la transnacional APM, que podría recuperar lo defraudado al país y poner a funcionar la moderna portuaria que necesita US$18 millones para operar este año.
Lo anterior fue dado a conocer hoy por el Interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd, quien durante una conferencia de prensa explicó que la ruta sería, luego de la anulación, realizar un nuevo contrato de concesión con la empresa APM, pero con mejores ventajas al Estado.
Esto, incluye una reparación civil por US$43.2 millones para el Estado de Guatemala, cuyo proceso debe ser aprobado por el Congreso de la República; una propuesta que actualmente está siendo estudiada por Aizenstatd.
Tras un mes y medio de haber sido nombrado como Interventor, por parte del Juez de Extinción de Domino, Aizenstatd explicó que en este tiempo ha realizado diversas reuniones y revisado documentos legales, financieros y legales, así como auditorias de pagos y remoción de personal de confianza para sanear la empresa. En este contexto es como surge dicha propuesta de anular el contrato con TCQ, por lo que, el Interventor fue claro en indicar que para esta semana se espera una propuesta concreta de APM, para presentarla formalmente a los entes del Estado.
Condiciones del nuevo contrato
El nuevo contrato con APM debería incluir las siguientes condiciones:
- Plazo de 21 años, que corresponden al plazo pendiente del contrato original, ya que el existente es prorrogable hasta por 50 años.
- Al finalizar el plazo, todo el equipo y grúas en TCQ será propiedad del Estado de Guatemala, ya que en el actual contrato no es propiedad del país.
- La instalación de equipo de rayos X, a un costo superior de US$6 millones, para mejorar transparencia y vigilancia.
Se agregaría una cláusula de ética y contra la corrupción. - Pago a la República de Guatemala, como reparación civil, de un monto equivalente a su inversión, es decir de US$43.2 millones, US$32.7 en un solo pago y hasta US$10.5 millones en proyectos de desarrollo.
- Renuncia a cualquier reclamación nacional o internacional contra el Estado de Guatemala.
- Todo esto deberá ser aprobado por el Congreso de la República.
- Lo anterior no afectaría en nada la persecución penal contra los imputados, por lo que los capturados deberán purgar las penas que se les fijen.
Los ligados a proceso por TCQ
1. Otto Pérez Molina, expresidente, ligado por cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
2. Roxana Baldetti, ex vicepresidenta, por cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
3. Gustavo Adolfo Martínez Luna, exsecretario general de la Presidencia, por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
4. Julio Rolando Sandoval Cano, ex subinterventor del Puerto Quetzal, por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
5. Lázaro Reyes, líder sindical, por enriquecimiento ilícito.
6. Julio César Zamora, líder sindical, por enriquecimiento ilícito.
7. Julio Norberto Esquivel, líder sindical, enriquecimiento ilícito.
8. Juan José Suárez, gerente de la Terminal de Contenedores Quetzal, por asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
9. Jonathan Chévez, administrados de los presuntos sobornos recibidos por el antiguo binomio presidencial, por asociación ilícita y lavado de dinero.
10. Mario Ruano San José, asistente del magistrado Douglas René Charchal, por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
11. José Daniel Luna Argueta, secretario de un juzgado de Escuintla, por cohecho pasivo.
12. Samuel Aceituno Juárez, administrador de Proyecto Rentables de Inversión, S.A. (Proinver), que compró fincas a nombre de los exmandatarios, por lavado de dinero.