* Mario Fuentes Destarac
La efectiva participación de los ciudadanos, en el gobierno de sí mismos, es uno de los elementos esenciales de una verdadera democracia republicana, cuya finalidad, como afirmaba el expresidente de los EE. UU., Abraham Lincoln, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En ese marco de participación, ante la imposibilidad material de que los ciudadanos participen directamente en la toma de decisiones políticas, reviste singular importancia la designación de sus representantes ante las principales instancias políticas del Estado.
El Congreso es, por excelencia, la máxima representación de los ciudadanos. Es el órgano creador del Derecho, que es expresión de la voluntad general, y tiene primacía sobre los otros. Como órgano de representación popular debe ser libremente elegido, ya que ahí radica su legitimidad (autenticidad).
En Guatemala, nuevamente está sobre la mesa el problema de la legitimidad de la representación ciudadana en el Congreso.
Personalmente, sostengo que la manera como se integra el Congreso en nuestro país no responde a la exigencia democrática de una legítima representación ciudadana. Los diputados, en realidad, son representantes de los partidos políticos y no representantes de la población; y, por tanto, no extraña que casi siempre actúen a espaldas de ésta. De hecho, no se ganan el derecho a ser diputados ante la ciudadanía, sino que sus candidaturas son decididas y asignadas, por conveniencias o intereses políticos, en el seno de los mismos partidos. De ahí la existencia de las planillas o listas cerradas de candidatos a congresistas que presentan los partidos en las elecciones legislativas.
De suerte que los diputados entran en tropel al Congreso, sin que la población sepa a ciencia cierta a quién eligió ni cómo será representada. No es de extrañar, entonces, que los diputados sean consecuentes con los intereses de los partidos o de sus dirigentes —caudillos o dueños—, y no con los intereses de los votantes. Tampoco nos sorprende que los bloques parlamentarios sean verdaderos regimientos y que los partidos pretendan normar que los diputados que abandonen su bloque original pierdan su curul en el hemiciclo parlamentario.
En mi opinión, las recientes reformas contra el transfuguismo político —que ocurre cuando los políticos cambian de partido o de bando, para no perder posiciones de poder o para reposicionarse— incorporadas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, bajo el argumento de que, a través de ellas, se combate con mayor eficacia el transfuguismo, solamente han venido a consolidar el poder de los partidos en el Congreso, específicamente de sus caciques o dueños, partidos que, además de no ser democráticos, no generan legítimos y genuinos representantes de la ciudadanía, que intermedien efectivamente entre esta y quienes ejercen el poder público.
No obstante, para lograr una representación legítima de la población, la competencia electoral entre los candidatos a diputados debe ser personal y no entre planillas cerradas en las que se invisibilizan los candidatos a congresistas.
Inequívocamente, la postulación de candidatos a diputado, mediante planillas o listas cerradas, permite a los partidos premiar y colar a muchos de sus activistas, aunque estos no sean idóneos para ocupar una curul, e impide a los ciudadanos elegir selectivamente a los congresistas, ya que están obligados a votar por los bloques de candidatos propuestos por los partidos. Por ello, no sorprende que muchos diputados que resultan electos, además de no ser capaces, idóneos y con cualidades morales irrefutables, son prácticamente desconocidos para el electorado que los elige.
Por el contrario, el sistema electoral de representación mayoritaria —también llamado de voto uninominal o de lista abierta— permite al elector votar directamente por el candidato de su preferencia, en el distrito donde reside y su voto no favorece directa ni indirectamente a otros aspirantes. En fin, ganan las elecciones los candidatos más votados en una competencia abierta, personal y deliberante en los respectivos distritos —tantos como diputados se elijan—, lo que implica que los diputados, efectivamente, representan al electorado, además de que están más cerca de éste y son menos dependientes del partido al cual pertenecen. Asimismo, los representantes no solo gozan de mayor legitimidad, sino que también tienen un mayor grado de responsabilidad de cara al mismo electorado, ya que su reelección depende de su actuación. Adicionalmente, los representantes están más cerca del electorado que de los partidos. En dos platos, bajo el sistema uninominal el votante sí tiene poder y sabe a qué candidato elige.
En todo caso, el transfuguismo se puede combatir con mayor eficacia cuando la misma ciudadanía puede castigar a sus representantes —elegidos bajo un sistema de elección de voto uninominal— mediante el sufragio a la hora en que estos pretendan reelegirse; y, asimismo, por medio del referendo revocatorio —de sus mandatos populares— a mitad del período de funciones para el que fueron electos.
En conclusión, debemos promover y luchar por la incorporación del sistema electoral de voto uninominal y de la institución del referendo revocatorio en nuestro ordenamiento jurídico-político.
* Abogado y Notario (URL). Máster en Administración de Empresas (INCAE). Catedrático de Derecho Constitucional (URL). Columnista del diario elPeriódico. Vicepresidente de Acción Ciudadana. Ex-Decano de Derecho (URL). Ex–Presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON). Ex–Presidente de la Junta Directiva de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Ex–Vicepresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.