Desde los años setenta y ochenta en el siglo XX, era evidente que la ciudad de Guatemala mostraba un crecimiento acelerado y desordenado, el cual requería visión de futuro y debida planificación. Con el paso de las décadas se ha evidenciado, además, la explosión de las llamadas ciudades dormitorio —municipios vecinos—, hasta crear una región metropolitana con más de 3.4 millones de habitantes.
Ya la Constitución de la República, redactada en 1984, contempla en el Artículo 231 lo siguiente: La ciudad de Guatemala, como capital de la República y su área de influencia urbana, constituirán la región metropolitana, integrándose en la misma el Consejo Regional de Desarrollo respectivo.
Es claro, entonces, que desde hace tres décadas se sabía que los problemas capitalinos debieran enfrentarse de manera integral, porque ese crecimiento desmedido tiene impacto en cada uno de los municipios aledaños y no hay soluciones aisladas eficientes, particularmente cuando del tema del tráfico vehicular se trata.
La medida de reducir el tiempo para que el transporte pesado pueda circular dentro de la capital ha vuelto a desvelar la falta de una planificación de largo plazo por parte de las autoridades municipales, muchas veces escondidas tras obras o medidas que, sin resolver el fondo del problema, hacen parecer en su momento que algo se hace.
El fuerte impacto económico y social de esta crisis del transporte pesado debe hacer reflexionar a las autoridades implicadas —municipalidades de la región metropolitana, empezando por el alcalde capitalino, y Gobierno central— sobre la necesidad de trabajar con seriedad y responsabilidad en la búsqueda de una solución integral y de largo plazo. No es justo seguir afectando a millones de vecinos y miles de empresas por egos personales, falta de visión e incapacidad administrativa.
No es un secreto que el alcalde Álvaro Arzú se ha negado a participar en la llamada mancomunidad metropolitana, hasta el punto de que los alcaldes vecinos han optado por crear una Mancomunidad del Sur, por la falta de interés que muestra el jefe edil capitalino. El problema es que sin la participación del funcionario más importante de la región, es imposible realizar proyectos integrales con impacto positivo para la ciudad.
Un buen ejemplo es el transporte público. Aunque han transcurrido más de ocho años desde el inicio de operaciones del Transmetro, no se ha avanzado nada para llevar líneas o ramales a los municipios más populosos. Eso impide que disminuya el ingreso de automóviles al perímetro de la ciudad.
Ahora mismo se conocen algunos proyectos de metro, pero en ningún caso se contempla que el servicio llegue a municipios como Villa Nueva o Mixco. Eso quiere decir que nuevamente estaríamos ante un parche sin visión de futuro.
Si la administración municipal fuera nueva, una situación como la actual sería, hasta cierto punto, comprensible. El inconveniente es que, después de 17 años al frente de la Municipalidad, no se ha visto la planificación para solucionar o enfrentar el problema .
La renuencia del Alcalde a sentarse con los pares regionales no hace más que impedir una solución sistémica, lo mismo que no tener un proyecto que presentar para obligar al Gobierno central —en este caso, al presidente Jimmy Morales— a que tome cartas en el asunto y participe en la búsqueda de soluciones, tal como debe ser, por la magnitud de cualquier solución de largo plazo.
La municipalidad capitalina ya no puede resolver por sí misma el problema. Se necesita del anillo periférico metropolitano, transporte público verdaderamente eficiente, seguro e integrado a las ciudades dormitorio, así como una serie de medidas colaterales de menor impacto e inversión. Para los grandes proyectos es pertinente considerar dos aspectos fundamentales: inversión y tiempo. Ninguno se lleva a cabo en poco tiempo, ni se hace con cascaritas de huevo. Es por eso que resulta precisa la coordinación entre municipalidades y Gobierno. Si no se atiende con inmediatez, en cinco años la ciudad estará paralizada y el problema, de nuevo rebalsado.