- El MP secuestró el Padrón Electoral del TSE y tras más de once meses no ha podido encontrar las pruebas del supuesto fraude que denunció Curruchiche tras la segunda vuelta electoral
Han transcurrido más de once meses desde las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Guatemala, y el Ministerio Público (MP), continúa sin encontrar ninguna prueba de un supuesto fraude que esa institución ha denunciado en múltiples ocasiones por medio de su fiscal, Rafael Curruchiche.
El lunes, agentes fiscales de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Curruchiche y por instrucciones de Consuelo Porras, ,allanaron nuevamente las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y secuestraron el Padrón Electoral, en un acto que permite suponer que continúan con las investigaciones, iniciadas hace casi un año.
Según fuentes del MP, lo que el MP ha hecho es obtener información de más de 9.3 millones de guatemaltecos, lo que solamente podría servir para ser utilizados con fines espurios, pues es información confidencial que los ciudadanos entregan al TSE.
El padrón electoral consiste en la base de datos del TSE sobre la población apta para emitir voto. Sobre cada persona contiene:
- nombre completo
- dirección de residencia
- fotografía
- número de teléfono
- código único de identificación, conocido como número de DPI
- registro de si hubo voto o no y, en caso de ser afirmativo, el lugar donde votó
Debido al contenido del padrón electoral, fuentes gubernamentales han advertido sobre riesgos para los ciudadanos que integraron las juntas receptoras de votos.
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo remarcó que el MP (encabezado por Consuelo Porras) es «una institución señalada de criminalizar a ciudadanos, periodistas, operadores de justicia y defensores de Derechos Humanos, y que insiste en sabotear el último proceso electoral».
Señaló que esta vez el MP intenta amedrentar incluso al corazón y legitimidad del proceso, refiriéndose a los ciudadanos de los ciudadanos que voluntariamente participaron en las juntas receptoras de votos y cumplieron con su deber cívico de resguardar el voto libremente ejercido.
Tanto en conferencia de prensa como en un mensaje difundido por redes sociales, el secretario Palomo urgió «a los partidos políticos y las autoridades electas en el pasado proceso electoral (alcaldes, síndicos y diputados) a manifestarse en contra de este flagrante atropello».
Además, exigió «al Congreso de la República a retomar la reforma del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para cumplir con la constitución». Dicha propuesta de reforma fue presentada por el presidente Arévalo a inicios de mayo en el palacio del Legislativo para restablecer los mecanismos de la Constitución Política de la República de Guatemala para la remoción de quien ocupe el cargo de fiscal general.
¿Por qué lo hace el MP?
Fuentes internas del MP aseguran que en la FECI se ha sostenido la tesis de que hubo «un gran fraude electoral» en las elecciones del 20 de agosto del año 2023, aunque también indican que después de once meses de investigaciones «no tienen nada sustancial, más allá de algunas anomalías en algunas de las actas».
La fuente, que pidió no ser identificada por temor a represalias, aseguró que «gran parte de los recursos de la FECIest´àn encaminados a probar que hubo fraude para favorecer a Bernardo Arévalo».
Experto en el tema recuerdan que «todas los grupos de observación internacional que estuvieron en el país certificaron que las elecciones fueron transparentes», y no creen que el MP pueda probar algo, «incluso manipulando la información» que han incautado en el TSE.
La comunidad internacional, en base a los señalamientos de los observadores (OEA, Unión Europea y organizaciones nacionales) expresaron su reconocimiento y felicitación al presidente Bernardo Arévalo por triunfo alcanzado, y al pueblo de Guatemala por haber defendido, tras la primera vuelta, la voluntad popular.
Tras la primera vuelta el MP también intento probar el supuesto fraude electoral y fracasó en su intento alno encontrar ningún indicio para sustentar sus acusaciones publica.