El Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo, dictó prisión preventiva para los cuatro policías implicados en el asesinato de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar a la espera de continuar el sábado 3 de abril la audiencia en la que se les acusa del delito de feminicidio.
A los tres policías varones se les trasladó a la Cárcel Municipal de Playa del Carmen y la agente a la Cárcel Municipal de Cancún, por solicitud de la Fiscalía General de Quintana Roo, según precisó el Ministerio de Exteriores de El Salvador en su perfil de Twitter.
Por su parte, la Fiscalía informó a través de la misma plataforma de que los detenidos «se acogieron a la ampliación de término constitucional que se vence el próximo sábado».
Audiencia virtual
Las autoridades salvadoreñas han estado presentes en la audiencia inicial, que se ha llevado a cabo de forma virtual, por la muerte de la mujer, que vivía en México como refugiada desde 2018 y era madre de dos niñas, como consecuencia de la labor de los agentes municipales de Tulum, que la detuvieron por supuestamente alterar el orden público.
De acuerdo con las fotografías y los videos que han circulado por las redes sociales y a los que ha tenido acceso el diario ‘Milenio’, cuatro agentes detuvieron a la mujer, de 36 años, y la tiraron al suelo, donde uno de ellos la inmovilizó colocando la rodilla sobre su espalda hasta que murió por asfixia.
- La Fiscalía General de Quintana Roo ha iniciado una investigación por un presunto delito de feminicidio, mientras que la autopsia ha concluido que la víctima presentaba una fractura en la parte superior de la columna vertebral, producida por la ruptura de la primera y la segunda vértebras, lo que le provocó la muerte.
- Son lesiones compatibles y coinciden con las maniobras que se le aplicaron durante su proceso de detención.
En este contexto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, garantizó este martes que el país centroamericano «dará seguimiento al caso» de Victoria Salazar «hasta que se haga justicia».
El asesinato de Victoria Salazar ha despertado también manifestaciones en distintos puntos de México y condenado por distintas organizaciones internacionales.
La ONU pide protocolos de DDHH y perspectiva de género
Precisamente, varias agencias de la ONU han condenado los hechos y han pedido a las autoridades mexicanas aplicar protocolos alineados con los estándares de Derechos Humanos y perspectiva de género.
Así lo han demandado la Entidad de las Naciones Unidades para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en México (ONU Mujeres), la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM), la Oficina en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en un escrito en el que también han solicitado una «investigación pronta e imparcial».
Uso de la fuerza
«Es posible observar cómo a través del uso de la fuerza contrario a los estándares internacionales, la señora Salazar Arriaza es sometida por parte de elementos policiales, bajo la acusación de haber alterado el orden público», lamentaron las agencias, que apuestan por actuar «en línea con los estándares de Derechos Humanos en la materia, como el Protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas».
En este sentido, el representante de la ONU-DH en México, Guillermo Fernández-Maldonado, señaló que «la trágica y prevenible muerte» de Salazar Arriaza «a manos de las fuerzas del orden», es «una muestra de la urgencia de implementar plenamente protocolos de actuación alineados con los estándares internacionales en la materia, con una perspectiva de género».
«Para éste y otros casos atribuidos a agentes de la entidad, la rendición de cuentas debe implicar un cambio profundo y estructural en la interacción de la policía con la población», subrayó.
Migrantes
Por su parte, la representante de OIM en México, Dana Graber, ha incidido en que «la muerte de Victoria es lamentable y evidencia las carencias que existen para proteger la vida y la seguridad de las personas migrantes en México».
A su juicio, este es un caso de «doble discriminación de la víctima, por el hecho de ser mujer y por su condición de persona migrante», lo que ha tenido un «desenlace que jamás debió haber ocurrido y pone de manifiesto la necesidad de determinar las responsabilidades correspondientes y de implementar medidas para garantizar la no repetición».
«Las agencias firmantes llaman a las autoridades municipales y estatales de Quintana Roo a adoptar las medidas necesarias para prevenir la repetición de este tipo de hechos, a través de la garantía de una actuación policial apegada a los estándares internacionales en la materia y la plena rendición de cuentas por sus acciones, así como la efectiva atención de las numerosas quejas contra policías que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha registrado y las recomendaciones que ha emitido al respecto», ha recogido el escrito de las agencias.