El balotaje presidencial el domingo 11, la fuerte polémica en torno al acuerdo migratorio con Estados Unidos, la pugna por la comisión de postulaciones para elegir cortes en el Organismo Judicial y la explosión estudiantil por reformas controversiales en la Universidad de San Carlos (USAC), son los hechos que anticipan un Agosto de gran agitación política y social en el país.
Aunque la firma del Acuerdo migratorio ha desplazado en importancia noticiosa la tibia campaña electoral, se espera que en los últimos días se pueda definir si Sandra Torres será capaz de mantener su ventaja sobre Alejandro Giammattei, y convertirse así en la primera mujer electa para la presidencia de la República.
Torres, quien se identifica como socialdemócrata, ganó la primera vuelta con cerca de medio millón de votos sobre el derechista Giammattei, pero ninguno ha levantado pasiones y más bien parecen condenar a los guatemaltecos a continuar votando por el candidato «menos malo», según la perspectiva de cada quien.
Pero si la campaña electoral ha sido nula y silenciosa, la firma del Acuerdo y el levantamiento de los sancarlistas ha elevado el nivel de confrontación en todo el país. El rector de la USAC, Murphy Paíz, es señalado de llevar a cabo «privatizaciones» en esa casa de estudios, lo que ha provocado que sus instalaciones sean tomadas por el auto llamado Colectivo Estudiantil Universitario (CEU), que ha presentado un pliego de exigencias al Consejo Superior Universitario, sin respuesta tras dos días de protestas.
El movimiento de ocupación se ha extendido a los centros de la USAC en San Marcos y otros departamentos, así como a las instalaciones de la casa de estudios ubicadas fuera del campus de la zona 12 capitalina, como el Musac y el Paraninfo en la zona 1.
Los universitarios han incluido en sus protestas el tema del acuerdo sobre migración, el cual pretende convertir Guatemala en un «tercer país seguro», como filtro migratorio para Estados Unidos.
El panorama para Agosto es complicado. También se verá el fin de la CICIG en todos los procesos judiciales en los que aparece como querellante adhesivo, tomando en cuenta que el 3 de septiembre termina su mandato por decisión del presidente Jimmy Morales, que puso así un fuerte freno a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Casi de manera desapercibida, por la intensidad de los temas mencionados antes, se desarrolla el tema de inicio de labores de la comisión de postulación para elegir a la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de salas. El proceso se encuentra ya entrampado por la pugna en la elección de postuladores por parte del Colegio de abogados.
La intención de los grupos políticos es mantener el control de la cortes como ha sucedido hasta ahora, sobre todo, para garantizar la impunidad a funcionarios, exfuncionarios y diputados, entre otros.
En círculos políticos no se descarta que tras las elecciones del 11 haya brotes de inconformidad de parte de quien resulte perdedor, sobre todo, si el resultado en las urnas es apretado. El problema es que no hay confianza en las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ha sido errático e ineficiente desde que se inició el proceso electoral.