El Juez Décimo de Primera Instancia, Walter Villatoro, abrió proceso penal contra los cuatro implicados, pero dictó arresto domiciliario, –en lugar de enviarlos a prisión–, y ordenó el pago de una fianza de Q100 mil a cada uno.
Los tres exdiputados y el exdirector General del Congreso durante el periodo 2014-2015 , vinculados en la contratación anómala y excesiva de personal en el Organismo Legislativo, fueron ligados a proceso por abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Los ahora procesados son los exdiputados Alfredo Augusto Rabbé Tejada, Edgar Romeo Cristiani Calderón y Carlos Humberto Herrera Quezada, además del exdirector General del Congreso de la República José Luis Mijangos Contreras.
De acuerdo con la investigación, los integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República en los años 2014-2015 realizaron un gran número de contrataciones que presentaban una serie de irregularidades evidentes e ilegales.
José Luis Mijangos Contreras, exdirector y conocedor de muchas contrataciones en el Legislativo contrató a 87 asistentes, asignados a las distintas dependencias de los integrantes de la Junta Directiva saliente. También suscribió numerosos contratos de 44 personas, asignadas a diversas unidades administrativas, las cuales fueron autorizadas por el presidente de dicha junta, Arístides Crespo, calificado de arbitraria e injustificada por los fiscales del caso.
Según la investigación, Edgar Cristiani contrato a 19 personas para su oficina, en su mayoría asistentes con salarios de Q10 mil a Q20 mil. El exlegislador tenía cinco plazas fantasma, pues dichos trabajadores se ausentaba de sus labores en el Congreso. Tres de los supuestos colaboradores trabajan en una de sus empresas.
Alfredo Rabbé, hermano del diputado Luis Rabbé, habría contratado 21 auxiliares para su oficina, bajo el renglón 022, con salarios de Q5 mil a Q15 mil mensuales. Los entes investigadores han logrado establecer que los supuestos colaboradores trabajaban en otras dependencias del Estado y otra en una empresa privada.
Carlos Humberto Herrera Quezada, es señalado de solicitar sin justificación la contratación de 20 auxiliares para su oficina, bajo el renglón 022, con salarios de Q4 mil a Q20mil al mes. Además tenía siete plazas fantasma y se determinó que los supuestos colaboradores trabajaban en su mayoría en empresas de su propiedad.
En la gestión de Mijangos Contreras (2014-2015) fueron contratados por lo menos 87 asistentes asignados a las distintas dependencias de la junta directiva saliente. La investigación pudo determinar que personal no se presentaron a laborar a la sede del Congreso, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o para empresas privadas de diversa índole.