El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sufrió este miércoles su primer revés judicial desde su salida de la cárcel a inicios de mes, cuando un tribunal de apelación agravó considerablemente la sentencia dictada en su contra en uno de los casos de corrupción que enfrenta.
El líder de la izquierda permanecerá sin embargo en libertad, gracias a una reciente decisión de la corte suprema que determinó que las penas de prisión solo pueden empezar a ejecutarse cuando los acusados agoten todos los recursos disponibles en las cuatro instancias del sistema judicial brasileño.
Los tres magistrados de la corte de apelaciones de Porto Alegre, un tribunal de segunda instancia, elevaron este miércoles la condena de 12 años y 11 meses dictada contra Lula en febrero pasado a 17 años y un mes.
En este juicio, el exmandatario (2003-2010) es acusado de haber beneficiado de obras de renovación realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS en una propiedad rural de Atibaia, en el estado de Sao Paulo, a cambio de contratos en Petrobras y otras firmas estatales.
Lula siempre afirmó que esa propiedad no era suya, sino de uno de sus allegados. Pero la Fiscalía aseguró que considera probado que Lula era el principal usuario de esa propiedad y que las obras eran para él.
Lula fue liberado el 8 de noviembre de una cárcel de Curitiba (sur), donde cumplía desde abril de 2018 una sentencia de 8 años y 10 meses de reclusión por corrupción pasiva y lavado de dinero. En ese caso, fue considerado beneficiario de un apartamento tríplex ofrecido por la constructora OAS en el litoral paulista, igualmente a cambio de contratos en Petrobras.
La decisión de la corte suprema que impide la ejecución de sentencias antes del agotamiento de todos los recursos judiciales posibilitó su liberación el 8 de noviembre e impide ahora su encarcelamiento después del fallo de este miércoles.
Ese dictamen, que concierne a miles de presos que no representan un peligro público ni presentan riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia, asestó un duro golpe a la operación Lava Jato (Lavadero de autos) que desde 2014 envió a la cárcel a decenas de empresarios y de políticos de casi todo el arco parlamentario, implicados en una red de sobornos centrada en Petrobras.
Lula es encausado en al menos otros cinco procesos, pero se proclama inocente en todos y denuncia una manipulación político-judicial para apartarlo de las elecciones de octubre pasado, en las cuales resultó vencedor el ultraderechista Jair Bolsonaro.