- Tres magistrados de la Corte Constitucionalidad (CC) son acusados de prevaricato por proteger al presidente de Bantrab, Jorge Mondal, quien no reúne las condiciones para el cargo
Tres magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió a favor del presidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Jorge Mondal Chew, a quien el presidente Bernardo Arévalo removió por no cumplir con los requisitos que establece la ley del propio banco y ahora enfrentan una acusación de prevaricato.
El prevaricato es un delito que se comete cuando un juez, magistrado o funcionario público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.
En este caso los magistrados suplentes que conocieron el caso –Claudia Paniagua Pérez, Walter Jiménez Texaj y Luis Alfonso Rosales Marroquín– fallaron a favor de Mondal, a pesar de tener documentación que prueba que no tiene las calidades que exige la propia ley del Bantrab, que exige que del presidente de la institución financiera, «cuando menos haber laborado diez años en el Sistema Sistema Bancario Nacional» (Artículo 17 de la citada ley).
El caso, que pudiera parecer únicamente de trámite, se convierte en el primer pulso entre la CC, de línea opositora y el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo
El Gobierno indicó en un comunicado que la solicitud ante la Justicia obedece a un fallo de la de la CC del pasado 11 de julio, en el los tres magistrados avalan la permanencia de Jorge Mondal Chew en el Bantrab, una entidad pública privada, que contempla en su ley constitutiva que el presidente lo nombra el presidente de la República.
De acuerdo a Arévalo, el señor Mondal Chew no cumple con los requisitos básicos establecidos en ley para ser presidente de la entidad y los magistrados “ignoraron” dicha normativa en su fallo. El Gobierno había enviado toda la documentación pertinente a la CC para demostrar que Mondal no cumple con los requisitos y que esa fue la causa por la que había sido removido.
La CC es el organo superior del sistema de justicia de Guatemala, se integró con tres suplentes para conocer el caso y ellos fueron los que emitieron la resolución sin tomar en cuenta lo que dice la ley, lo que se considera delito de prevaricato.
Paniagua Pérez, Jiménez Texaj y Rosales Marroquín gozan de inmunidad por el cargo que ostenta y ahora podrían ser sometidos al procedimiento de antejuicio.
Antecedentes
La Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal encargado de velar por la supremacía de la Constitución en Guatemala. Este año se ha mostrado con varios fallos y resoluciones, que mantiene la línea que tuvo a favor de la que antes fuera la«alianza oficialista», ahora convertida en opositora.
El presidente Bernardo Arevalo, quien asumió el cargo en un momento de gran polarización política, ha prometido reformas profundas para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas. En este contexto, la acusación de prevaricato contra los magistrados de la CC surge como un intento de reestructurar y depurar el sistema judicial y enfrentar una resolución a todas luces ilegal enfocada hacia la corrupción.
El prevaricato es un delito que implica que un funcionario público, en este caso, un juez, ha emitido una resolución injusta a sabiendas de su injusticia. La acusación contra los magistrados se basa en varias decisiones recientes que, según el gobierno, han sido tomadas con intenciones políticas y en contra de los intereses del Estado de derecho.
En el documento en el que se solicita el antejuicio para los magistrados, las pruebas que, según la administración de Arevalo, demuestran que los magistrados actuaron de manera parcial y con fines políticos. Este proceso judicial es visto por algunos como un intento de mostrar al sistema de justicia que el Gobierno no se quedará de brazos crauzados ante las acciones que se siguen dando en su contra.
La CC, salió en defensa de los magistrados señalados, indicando que el proceder de sus integrantes «es siempre objetivo, imparcial e independiente» y rechaza «cualquier acto que intente mermar el desarrollo independiente de la justicia constitucional». Aunque redactado de manera peculiar –no menciona la acción del Gobierno–, se queja de las acciones que «atentan contra el principio democrático de separación de poderes».
Los analistas y la comunidad internacional reconocen que el Gobierno de Arévalo enfrenta oposición de las cortes (CSJ y CC), y todo el sistema judicial del país, principiando por el MP bajo el mando de Consuelo Porras.
En el ámbito internacional, organizaciones de derechos humanos y entidades diplomáticas han expresado su preocupación por la cooptación a la que se ha sometido durantela última década al sistema de justicia por parte de los grupos que favorecen la corrupción y la impunidad