Por medio de redes sociales, el presidente Alejandro Giammattei se pronunció sobre la transferencia de los Q135 millones en la Dirección General de Caminos (DGC), mismos que podrían haber sido movilizados al falsificar la firma del titular de esa entidad.
De acuerdo con el mandatario, giró instrucciones a la Comisión Presidencial Contra la Corrupción para que este miércoles 28 de octubre, sostenga una reunión con Fredy Chojolán, director de DGC, para que dé información de lo ocurrido.
Giammattei, además, hizo referencia a la conferencia de prensa brindada por el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Josué Lemus, y el subdirector de Caminos, Kevin Ramírez, donde explicaron el destino de los fondos.
Según con las autoridades del CIV, los Q135 millones fueron utilizados en 23 proyectos carreteros como: el mejoramiento de la Carretera RN12-Sur, Carretera Suchitepéquez 14-aldea Panabaj, Tramo de la aldea Chisoy, Tramo Soloma y la reposición del tramo en Génova.
“Aquí en el CIV no se pierde un solo centavo. Lo que hay es una modificación presupuestaria. Tenemos todo documentado de para qué se usó esa modificación. Son dos modificaciones: una de Caminos y otra que pone a disposición Provial para Caminos”, dijo Lemus.
La controversia surgió cuando Chojolán, durante una citación con la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aseguró que le habían falsificado su firma en los documentos oficiales que autorizaron la transferencia, ya que al momento que se elaboró el informe, él se encontraba hospitalizado recuperándose del Covid-19.
CACIF se pronuncia
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, industriales y Financieras (CACIF), a través de un comunicado, indicó que, respecto al hallazgo de Q122 millones y desvío de Q135 millones del CIV, se debe considerar de manera urgente la discusión sobre los mecanismos que el país necesita implementar para fortalecer la transparencia y orientar sobre una apropiada inversión de los recursos.
Así mismo expresan que ningún acto de corrupción puede ser tolerado por el Gobierno, el Ministerio Público, ni la ciudadanía.
“La pandemia ha agravado la situación económica de Guatemala y, en momentos en donde se requiere de grandes esfuerzos para la recuperación del país, es todavía necesario enfocarse en una estrategia que apunte hacia el desarrollo, para lo cual, la transparencia y el correcto actuar de todos los actores son condiciones indispensables”, indica el documento.