El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, destituyó este miércoles a tres ministros de su gabinete, en medio de escándalos y asediado por la crisis de la COVID-19, en el país con más muertos y contagiados de Centroamérica por la pandemia.
El mandatario, que el próximo 1 de julio cumple su primer año de gobierno, remplazó a la ministra de Salud, Rosario Turner, por el viceministro de esa cartera, Luis Francisco Sucre.
El cese de Turner se produce en momentos en que Panamá, de 4 millones de habitantes, acumula 547 muertos y más de 28,000 contagiados por la pandemia.
«La gestión de la actual crisis sanitaria que enfrenta el país demanda de nuestro gobierno la adopción de medidas excepcionales. Han sido y son tiempos difíciles», dijo Cortizo en cadena nacional.
Cortizo sustituyó además a su ministra de Desarrollo Social, Markova Concepción, y a la de Vivienda y Desarrollo Territorial, Inés Samudio.
La destitución de Turner causó sorpresa incluso en parte de su equipo, aunque los medios locales habían especulado con su renuncia y la de otros ministros por posibles discrepancias en el manejo de la crisis.
«El gobierno ha sufrido un desgaste muy fuerte por la pandemia de COVID, con las denuncias que le han hecho, con las explicaciones que ha tenido que hacer y con las protestas en medio de la pandemia», indicó a la AFP el director del periódico Metro Libre, James Aparicio.
La renovación se debe más a «intrigas palaciegas que a modificaciones para lograr objetivos específicos, el problema es que los platos rotos de esas intrigas las está pagando el país», argumentó el analista político y director de noticias de Radio Panamá, Edwin Cabrera.
«No hay esperanza»
Panamá presenta el mayor número de muertos y contagios de Centroamérica. El país ha pasado de tener un promedio de 200 nuevos contagios diarios a más de 700 en la actualidad.
Ese aumento se da en un contexto de reactivación gradual de varios sectores económicos como la construcción, minería no metálica, industria, comercio electrónico y la reapertura de talleres, tiendas de repuestos y servicios técnicos.
El gobierno, que pronostica una contracción económica de por lo menos 2% para este año por el impacto de la COVID-19, busca así aliviar una crisis que se ha cobrado decenas de miles de empleos, pese a millonarios préstamos de organismos internacionales.
Cortizo ha tratado también aplacar la situación con la entrega de 1.5 millones de bonos por 80 dólares y bolsas de comida, pero sus críticos consideran que las ayudas no son suficientes.
«Los cambios no resuelven los problemas que tiene la población», lamentó a la AFP el opositor y excandidato presidencial Ricardo Lombana.
«Seguimos esperando» un plan de reactivación económica «para salvar el país» y una «nueva estrategia de salud», pero «no hay hoja de ruta ni esperanza, solo incertidumbre», escribió en su cuenta de Twitter el presidente del partido opositor Cambio Democrático (derecha), Rómulo Roux.
Problemas de credibilidad
Durante las últimas semanas han aumentado las protestas contra el manejo de la crisis y por presuntos casos de corrupción en la construcción de un hospital modular y en la fallida compra millonaria de respiradores y alcohol en gel, casos que son investigados por la fiscalía por presunto peculado.
Además, el oficialista Partido Democrático Revolucionario (PRD), al que pertenece Cortizo, fue multado con 50,000 dólares por violar las medidas de cuarentena.
El gobierno tiene «problemas de credibilidad y necesita tener un equipo más político que pueda darle impulso al segundo año» de gestión, sostuvo Aparicio.
Sin embargo, los funcionarios señalados por estos escándalos, como el vicepresidente José Gabriel Carrizo y el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, permanecen en sus cargos.
«Llama la atención que los cambios no apunten a los ministros o las carteras que han sido las responsables del descalabro de la confianza ciudadana en esta administración», argumentó Lombana.