- El mandatario hizo el recorrido a pie del Palacio al Congreso, en donde ofreció una rueda de prensa e insistió en la necesidad de que salga Consuelo Porras del cargo.
El presidente Bernardo Arévalo entregó personalmente la iniciativa de ley para reformara la Ley del Ministerio Publico (MP), con el fin de lograr la destitución de la fiscal general Comnsuelo Porras, quien ha acudido a la Corte de Constitucionalidad (CC), para solicitar protección ante el intento del Ejecutivo por retirarla del cargo por la vía legal.
Mientras la CC conoce, Arévalo reiteró en una rueda de prensa improvisada en el Congreso que «ella debe salir», y asegura que es «responsable de la impunidad» que se ve en los casos de corrupción, que no prosperan cuando son denuncias presentadas por el actual Gobierno, mientras que los casos que en su momento presentó la CICIG, «se debilitan por intervenciones del MP», según el mandatario.
Mientras el presidente hablaba con la prensa, respaldado por los diputados del Movimiento Semilla, que siguen sin ser reconocidos como bancada oficial, en los pasillo del Legislativo algunos parlamentarios comentaban que «es difícil» que la iniciativa pueda prosperar, porque el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para que se apruebe la reforma a la ley, que necesitaría el voto de las dos terceras partes de los diputados.
En el ambiente se menciona que cuando presentó la solicitud de aprobación del estado de calamidad, el rechazo fue contundente y solamente se requería de mayoría simple. ‘Esta vez se necesitan 107 votos y eso parece imposible», dijo un diputado que pidió no ser citado por su nombre.
Lo que ha trascendido es que desde el domingo, cuando se supo de la iniciativa de ley que presentaría Arévalo, los operadores políticos de la vieja alianza oficialista de Alejandro Giammattei se pusieron a trabajar para asegurar que no se cuente con los votos necesarios. Algunos analistas consideran que es «muy poco probable» que prospere.
En redes sociales, los voceros de la vieja alianza oficialista principiaron inmediatamente a criticar la caminata del presidente hacia el Congreso y anticipan que «hará el ridículo» con su iniciativa, a la que dan pocas posibilidades de que sea aprobada.
El MP, que el pasado domingo presentó un amparo ante la CC para garantizar que se respete el plazo de la fiscal general, Consuelo Porras, emitió un nuevo comunicado este lunes, en el que califica de «señalamientos espurios, tendenciosos y antidemocráticos», los que se formulan desde países extranjeros sobre el rol y papel de la fiscal general y varios de sus fiscales y asesores.
Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Suiza, han retirado la visa o permiso de ingreso a la fiscal Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, el secretario general del MP y varios fiscales auxiliares, quienes han tenido un comportamiento que consideran «corrupto y antidemocrático».
El MP y Porras consideran que estas sanciones que han recibido afectan sus derechos humanos y son una forma de coaccionar a los fiscales.
ElMP y la fiscal Porras en concreto, son señalados por no negarse a investigar los casos de corrupción de la anterior administración –incumplimiento de deberes–, así como de beneficiar a funcionarios de anteriores administraciones que han sido acusados de de corrupción.
Este es un nuevo capítulo en la confrontación abierta y directa que mantienen públicamente desde el año pasado Porras y Arévalo. La fiscal general y el MP le acusan de haberganado fraudulentamente las elecciones, mientras que Arévalo dice que la fiscal general es la prícipal actora del plan de corrupción «que llevan a cabo un pequeño grupo» que se ha aprovechado de las arcas del Estado para enriquecerse.
Antes de asumir la presidencia, Arévalo tuvo que denunciara públicamente el «golpe de estado judicial en marcha» que se fraguó «desde lo interno del MP». En efecto, la fiscalía pretendió impedir que el presidente electo asumiera el cargo el 14 de enero.
Sus acciones provocaron la respuesta enérgica de la comunidad internacional y de amplios sectores de la sociedad civil, quienes exigieron que se respeta el voto popular. Incluso se llevó a cabo un «Paro Nacional» por casi dos semanas, para exigir eso y la salida de Porras.
Ahora la atención se centra en la capacidad del oficialismo para obtener los 107 votos, aunque en el camino la iniciativa podría ser procesada con lentitud por la comisión o comisiones que deben conocerla. El Movimiento Semilla, por estar inhabilitado como partido político, no dirige ninguna comisión en el Legislativo.
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