La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se encuentra este martes bajo fuego cruzado, en momentos en que la oposición fiel al exmandatario Evo Morales demanda su renuncia y sus propios aliados le exigen convocar elecciones generales a la brevedad posible.
En este marco conflictivo y de múltiples presiones, la Iglesia católica mantiene un espacio de diálogo con oficialistas y opositores para acordar la elección de autoridades electorales y la convocatoria a nuevos comicios, luego de que denuncias de fraude en las presidenciales del 20 de octubre desencadenaran la actual crisis.
Cocaleros seguidores de Morales, quien renunció y está asilado en México desde hace una semana, se enfrentaron el lunes con militares y policías en la región de Cochabamba (centro), en su afán por continuar su ruta a La Paz, sede del poder Ejecutivo, para buscar la dimisión de la mandataria interina.
Los incidentes se registraron en las afueras de la ciudad de Cochabamba (400 km este de La Paz), después de otros violentos choques en el poblado cercano de Sacaba, que dejaron el viernes pasado nueve labriegos muertos. Los cocaleros salieron días antes de la región del Chapare, bastión inexpugnable de Morales, para pasar a Cochabamba y terminar en La Paz.
El lunes, enfurecidos por la muerte de sus compañeros, los seguidores de Morales intentaron entrar a la ciudad por la fuerza, pero fueron dispersados con bombas lacrimógenas y vehículos blindados, mientras la multitud respondía con piedras.
«Vamos a seguir intentando llegar (a Cochabamba) hasta que lo logremos. Aquí nadie se rinde», dijo el campesino Ronald Cruz, de 37 años, en la protesta.
En la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, persiste un bloqueo de calles y el cerco a la planta distribuidora de carburantes de Senkata, lo que ha provocado la escasez de combustibles y víveres.
Y en La Paz, indígenas aymaras replicaron sus marchas, haciendo detonar petardos, bajo una férrea vigilancia policial, y dijeron que repetirán esta semana sus manifestaciones.
La consigna de todos ellos es la misma: la salida de Áñez, a quien consideran ilegítima y la vuelta al poder de Morales, de 60 años y quien gobernó por casi 14.
En casi un mes de conflicto, la crisis suma al menos 24 muertos.
Elecciones generales a la brevedad
Mientras los leales a Morales no han descansado en sus protestas callejeras, el poderoso líder regional de Santa Cruz y pieza clave en la renuncia del exmandatario, Luis Fernando Camacho, fijó un plazo hasta el jueves para que el Congreso elija a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
«Exigimos elecciones hasta el 19 de enero de 2020, con la incorporación de nuevos actores y un Tribunal Electoral transparente y sobre todo imparcial», escribió Camacho en Twitter, sin precisar qué medidas asumirá si sus pedidos son desoídos.
Todos los cargos del TSE quedaron vacantes desde la detención de sus autoridades, a raíz de un informe de auditoría de la OEA, hace más de una semana, que encontró irregularidades en el recuento de sufragios en los comicios de octubre que habían dado la reelección a Morales frente al expresidente Carlos Mesa.
Mesa y el también exmandatario Jorge Quiroga urgieron asimismo por separado a Áñez llamar a elecciones generales a la brevedad, incluso por decreto presidencial, si es que el Parlamento -donde el partido de Morales es mayoría- no logra concertar la conformación del órgano electoral.
El partido del exgobernante convocó a una reunión del Congreso bicameral para este martes para sentar las bases para la nominación de las autoridades del TSE, aunque el oficialismo consideró la reunión ilegal por no cumplirse procedimientos parlamentarios.
Diálogo y marcha por la paz
Mientras Áñez es presionada por todos los flancos, continúa la mediación de la Iglesia católica.
Un vocero eclesiástico dijo que la reunión multipartidaria había logrado avances el lunes. «Creo que hay voluntad para avanzar, creo que hay acuerdos que se están plasmando», declaró monseñor Eugenio Scarpellini, miembro de la Conferencia Episcopal, al canal CNN.
A la par, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), un conglomerado de plataformas civiles, protagonizará una marcha este martes para llamar a la pacificación del país.
Y también se tiene previsto que comience a desplazarse por el país una «misión técnica» designada por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para evaluar la situación en Bolivia.