La presidenta del Congreso, Shirley Rivera informó que requirió a la Contraloría General de Cuentas (CGC), que envíe un equipo de auditores para evaluar procesos de traslados y aumentos salariales realizados por la anterior Junta Directiva del Legislativo, la cual fue presidida por el diputado Allan Rodríguez.
«Dadas estas peticiones que han hecho, que revisemos estos procesos, pues nosotros lo primero que hicimos como Junta fue tomar la opinión jurídica interna a nuestro departamento jurídico, ellos ya la trasladaron», afirmó Rivera.
Además, indicó que quieren una opinión externa, la cual fue solicitada a la Contraloría para que los técnicos revisen los procesos y entreguen las conclusiones que correspondan.
«Solicitamos el día de hoy a la Contraloría de Cuentas que enviara técnicos que pudieran revisar los procesos y que nos dieran ellos su criterio. Así nosotros podemos concentrarnos como Junta en lo que es importante, que es darle resultados a la población», aseguró la presidenta del Congreso.
Rivera reiteró: «Ellos (la CGC) son el ente encargado, pues que ellos nos den al final las conclusiones a las que ellos lleguen y que se proceda conforme la ley lo mande».
El diputado Aldo Dávila pidió a Rivera que se investigara posibles irregularidades en el otorgamiento de plazas y aumentos salariales durante la administración de Allan Rodríguez.
Según el oficio enviado por el legislador, en las últimas dos legislaturas se han dado señalamientos de supuestos casos de corrupción y plazas fantasma.
«Actualmente el Congreso se encuentra en duda por la mala administración de la Presidencia de la Junta Directiva de los años 2020-2021 y 2021-2022 a cargo del Diputado Allan Rodríguez, donde se entregaron varias plazas incluso a su exesposa», se lee en el oficio.
También señala que se otorgaron plazas en «negociaciones oscuras», se otorgaron incrementos salariales a miembros de un Sindicato, en donde su secretario general «gana más que un Diputado al Congreso de la República», afirmó Dávila en el escrito.