Acción Ciudadana (AC) presentó a la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) una denuncia en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó al Ministerio Público (MP) investigar una publicación de “elPeriódico”.
Manfredo Marroquín, de AC dijo que este tipo de fallos son violatorios a los derechos humanos de los ciudadanos y buscan amedrentar a los denunciantes y a medios de comunicación.
Además, destacó que la resolución podría sentar un precedente y puede repercutir en el cierre de espacios de expresión para ciudadanos. Marroquín añadió que presentarán ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo para “enmendar la plana” a la CSJ.
En tanto que, el PDH, Jordán Rodas calificó la resolución como “preocupante” e indicó que darán trámite a la denuncia y pedirán a la Corte un informe circunstanciado que debe ser entregado en un plazo de 5 días para resolver según la ley que rige la institución que dirige.
Por aparte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este jueves 30 de septiembre la investigación la resolución de la CSJ al considerarla que es una clara amenaza en contra de la libertad de prensa en el país.
Un comunicado de ese ente señala que “la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechaza y observa con preocupación la orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala de investigar al diario elPeriódico por publicar un documento sobre presuntos actos de corrupción en la administración pública. La organización consideró que se debe investigar la veracidad de la denuncia, no perseguir a los denunciantes”.
De acuerdo con la SIP, el 27 de septiembre pasado la CSJ ordenó investigar a elPeriódico por haber publicado el 25 de julio un testimonio recogido por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), “que revela la supuesta comisión de actos de corrupción en las oficinas que dirige Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público”.
La orden contra elPeriódico fue emitida después de que la CSJ rechazara una investigación previa contra Porras, presentada por la organización Acción Ciudadana, señala la SIP.
El testimonio que publicó elPeriódico relató la presunta manipulación de casos en el MP, supuestos cobros de sobornos, designación arbitraria de fiscales para favorecer a acusados y tráfico de información y favores en la Fiscalía, según refiere la SIP.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa de Honduras, dijo que “la resolución de la Corte en contra del diario es una amenaza a la libertad de prensa, al inhibir la denuncia periodística sobre actos de corrupción y abuso de poder por parte de funcionarios públicos, acción que está amparada en la Constitución del país. Nos preocupa este tipo de acoso judicial que se ha visto en otros casos en Guatemala”
Por aparte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, y director del periódico La Voz del Interior de Argentina, consideró que “la orden del máximo tribunal del país constituye una amenaza indirecta a todos los medios de comunicación y periodistas de Guatemala, pero sobre todo es “un grave precedente para el ejercicio del periodismo independiente y para el derecho del público a saber sobre temas de interés general”.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de mil 300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.