Varias organizaciones sociales y Acción Ciudadana (AC) presentaron la tarde del pasado miércoles ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo en contra de las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) aprobadas el martes 11 de febrero de forma apresurada en el Congreso de la República.
AC plantea que la norma que tendrá que ser sancionada o vetada por el Ejecutivo atenta contra la libertad de acción, organización, manifestación y resistencia pacífica.
De acuerdo con los abogados de la organización, los cambios que fueron avalados por 82 legisladores buscan limitar el trabajo de las ONG. “Esto responde a una agenda oscura del Pacto de Corruptos que ven en la sociedad civil una limitante a sus actos ilegítimos”, refirieron.
Edie Cux, del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC-AC), reiteró que los artículos aprobados dejan un amplio margen de discrecionalidad al Estado para cancelar a las organizaciones y limitar su asociación, motivo por el cual el amparo se presenta en contra del Legislativo. A ello sumó que existieron anomalías en la forma de conocerla en la sesión plenaria.
Para el consultor Helmer Velásquez, el nuevo decreto atenta contra la libre organización de las ONG y constituye una amenaza para otras formas de organización social. Velásquez agregó que dada la forma en que quedó redactada la normativa puede aplicarse para cualquier organización social.
En tanto el CACIF emitió un comunicado en el que manifiesta que realizará un análisis del contenido. “Es importante considerar que ninguna norma debe impedir garantías constitucionales como derecho legítimo de defensa y libertades individuales, entre otras”, refiere en el documento.
Agregaron que en efecto existen ONG, asociaciones y fundaciones que realizan contribuciones positivas, pero que también existen otras que son mal utilizadas para generar acciones de ingobernabilidad.
En conferencia de prensa, el presidente Alejandro Giammattei indicó que tendrá 15 días para hacer las consultas necesarias y determinar si es sancionado o vetado el Decreto 4-2020, aunque en su declaración indicó que conoce casos de ONG que reciben dinero para financiar actos delictivos, pero no dio nombres.
Contenido
El Decreto 04-2020, el cual le da vida a las reformas aprobadas por el Congreso de la República, contiene apartados que provocaría la desaparición de ONG relacionadas al tema de derechos humanos, transparencia y fiscalización, ya que permite más control por parte del Estado y establece sanciones penales a directivos de estas entidades que alteren el orden público.
Los parlamentarios decidieron que únicamente existirán ONG con orientación a la caridad, servicios, participación, incidencia, investigación, deportivas, culturales, defensa, generación de ingresos, fortalecimiento institucional, medio ambiente y formación de ciudadanía.
Además, las organizaciones que decidan inscribirse en el país tendrán que registrarse en diferentes dependencias como en el Ministerio de Gobernación, en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).