Medida sería para detener investigaciones sobre funcionarios de la administración Giammattei
La fiscal general, Consuelo Porras, intervino hace semanas la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), y se enteró de varias investigaciones en marcha contra funcionarios de la administración del presidente Alejandro Giammattei, y esta sería la causa principal para acelerar la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval, quien encabezaba la lucha anticorrupción en el país.
El propio Sandoval denunció anoche que quedaban en la FECI numerosos expedientes de investigaciones abiertas contra funcionarios del gobierno, así como contra diputados y magistrados. Aunque no lo señaló así, ha trascendido que estos últimos estarían vinculados con la llamada alianza oficialista, que trabaja desde el año pasado para controlar todas las instancias de justicia.
Según versiones de todo crédito indican que la petición de destitución llegó directamente del presidente Alejandro Giammattei, luego de confirmar que varios funcionarios de su gobierno estaban siendo investigados, lo mismo que Miguel Martínez, ex Jefe del Centro de Gobierno, con quien comparte casa de habitación.
Los rusos llegaron
Uno de los casos más sonados de los últimos meses ha sido la compra de vacunas Sputnick a una empresa particular rusa, un contrato que se ha mostrado públicamente que contiene ilegalidades. Sandoval reveló que se investigaba la presencia de varios rusos en reuniones con el propio presidente Alejandro Giammattei.
El diario elPeriódico publicó hace tres semanas que el exsecretario particular de la Presidencia, Miguel Martínez, había salido del país apresuradamente al trascender que la residencia de Giammattei podría ser allanada como parte de investigaciones de la FECI en casos que vinculaban al amigo del mandatario con el caso de las vacunas rusas.
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Ahora se sabe que antes de firmar el contrato, ciudadanos rusos se entrevistaron con las mas altas autoridades. fuentes cercanas a la estructura que queda en la FECI, indican que «este fue el detonante».
La noticia sobre el allanamiento a la residencia del presidente Giammattei se filtró, y Martínez voló a España, mientras la fiscal Porras procedía a intervenir la fiscalía especial y ordenaba que no se diera ningún allanamiento sin su autorización. En ese momento empezó a correr el tiempo en contra de Sandoval.
Pero Sandoval no dio detalles sobre los casos que quedan con investigaciones a medias. Algunos de sus colaboradores antiguos aseguran que varios de ellos «serían una bomba», y debilitarían la credibilidad del mandatario si salen a luz. Eso explica la premura en la destitución, a pesar del peligro de crear un ambiente de ingobernabilidad en el país.
La que podría llamarse Conexión rusa no tendría tanta relevancia, si no fuera porque se firmó un contrato de manera ilegal para comprar las Sputnik V, se desecharon otras opciones de compra de vacunas (Pfizer y Johnson), y se hizo un multimillonario pago anticipado, sin tener certeza de que se recibiría el producto en el tiempo en que el país lo necesita.
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Cuando se da a conocer públicamente la ilegalidad del contrato, el Ministerio Público, por órdenes de la fiscal Porras, toma el caso de oficio –algo que casi nunca hace–, pero se hace por medio de otra fiscalía y las investigaciones no avanzan. En cambio, Sandoval y su equipo sigue la pista de las entrevistas con los rusos para averiguar lo sucedido y si hay algún delito penal que perseguir.
El acoso de Porras a su propio fiscal
La relación de Consuelo Porras con Juan Francisco Sandoval, dejó de ser cordial hace muchos meses. La fiscal general aceptaba todas las impugnaciones y denuncias contra el fiscal de la FECI, por más que se mostrara que fueran espurias y presentadas con la intención de paralizar la lucha anticorrupción.
La situación se tornó más tensa con los mensajes que funcionarios diplomáticos estadounidenses –incluido el embajador William Popp– hacían llegar en diversas reuniones, siempre apoyando a Sandoval y la Feci y reclamando al Ministerio Público que trabajara más a favor de la lucha anticorrupción y para frenar la impunidad.
Aunque la fiscal Porras ha utilizado su derecho de autoridad, ha trascendido que no se han cumplido con los pasos que se deben seguir para remover de manera definitiva a un fiscal, por lo que Sandoval puede hacer uso de su derecho de defensa y exigir que se le restituya en el cargo. Sin embargo, para que eso suceda, tendría que haber una resolución de juez, lo que parece poco probable, tomando en cuenta el control que la alianza oficialista tiene sobre todo el sistema de justicia.