- El argentino Machado es acusado de narcotráfico en Argentina y Estados Unidos y de financiar la campaña de un diputado del partido de Milei. ¿Qué se sabe de su paso por Guatemala?
Desde hace años, el nombre de Federico Andrés Machado —empresario aviador argentino con negocios en Guatemala y señalado de operar una red transnacional de tráfico de drogas y lavado de activos— ha sido mencionado en denuncias periodísticas y exposiciones legislativas en su país, pero aquí, el MP parece encubrir sus actividades, supuestamente ilícitas.
Aunque verbalmente se ha dicho que hay investigaciones sobre sus actividades durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, en la práctica no hay resultado, ni siquiera indicios de que se han buscado pistas de ilícitos que pudo cometer. Los casos que supuestamente se iniciaron han quedado en el olvido. ¿Cómo se explica esta omisión prolongada? ¿Qué han dicho las autoridades del MP?
Todo apunta a que Machado no solo mantuvo buenas relaciones con esos gobiernos, sino que, además brindó financiamiento a las campañas de ambos gobernantes, lo que se tipifica como financiamiento ilícito.
Quién es Federico Machado y sus redes de negocios
Según investigaciones de medios guatemaltecos y regionales, Machado habría prestado aeronaves al expresidente Jimmy Morales y a la vez mantuvo vínculos con Alejandro Giammattei.
Machado obtuvo también concesiones mineras desde la época de Otto Pérez Molina, pero también se le señala de extraer ilegalmente oro de varios lugares del país, otro de los aspectos que el MP nunca llegó a investigar, a pesar de que la prensa local, principalmente elPeriódico, publico varios reportajes sobre el personaje.
En 2021, el MP incautó una aeronave con matrícula N584LU en una pista ilegal dentro de un sitio minero en Alta Verapaz, vinculada con una empresa presidida por Machado, pero el caso no tuvo mayor trascendencia y las investigaciones cesaron, a pesar de que se denunciaron diferentes delitos.
La red aeronáutica en la que figura su nombre está implicada en documentos judiciales de EE. UU. como parte de una estructura usada para transportar cantidades significativas de cocaína desde Sudamérica hacia Centroamérica.
En Argentina, Machado fue detenido en abril de 2021 y se enfrenta a procesos de extradición por cargos de narcotráfico, lavado y fraude. En la escena política argentina, el diputado José Luis Espert admitió haber recibido US$ 200,000 de Machado para “asesoría” durante su campaña, lo que reavivó el interés sobre sus redes financieras cruzadas.
En varias publicaciones argentinas se vincula a Machado con los expresidentes guatemaltecos, curiosamente, los dos que nombraron como fiscal general a Gloria Porras y a quien el propio presidente Bernardo Arévalo señala como «madrina» de los corruptos y la señala de no investigar los casos más sonados o relevantes de los gobiernos anteriores.
Las denuncias en Guatemala… y el silencio del MP
Aunque Machado figura en denuncias desde hace años, su caso nunca ha avanzado visiblemente:
- En 2021, tras reportes de elPeriódico –diario que el MP persiguió furiosamente hasta encarcelar a su director y propietario, José Rubén Zamora y obligar a su cierre–, sobre financiamiento político de Machado hacia Morales, el MP abrió un expediente de oficio, pero según fuentes de la propia Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) esa pesquisa “cayó muy pronto” sin avances públicos.
- Organismos de análisis han denunciado que, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, las denuncias que involucran a Morales o Giammattei se diluyen y quedan en el olvido.
- Cuando se indagaron aeronaves vinculadas a Machado, el MP actuó en casos puntuales (como la incautación en Alta Verapaz), pero nunca caminó la investigación hacia sus conexiones políticas o financieras más profundas.
- Preguntas clave formuladas por medios —por ejemplo, cuál es el estado de las diligencias sobre financiamiento ilícito de campaña atribuido a Machado— han sido ignoradas o no respondidas por el MP.
Como lo ha sostenido Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, desde la llegada de Porras como fiscal general ha existido una estrategia para “blindar” investigaciones que toquen a expresidentes Morales o Giammattei. 
Qué ha argumentado el MP (o no)
Hasta ahora, no hay una explicación pública clara y aceptada sobre por qué el MP no ha impulsado una investigación robusta contra Machado en Guatemala. Los mensajes oficiales son escasos, pero reveladores:
En 2021, Rafael Curruchiche (jefe de la FECI entonces) afirmó que indagaría si Machado financió campañas políticas. Pero sus palabras no se tradujeron en acción visible ni en avances ante la opinión pública.
Más recientemente, frente al señalamiento argentino de que Machado apoyó campañas políticas guatemaltecas, el MP no ha emitido una respuesta formal detallada.
Analistas han interpretado el silencio institucional como un reflejo de la captura política del Ministerio Público, en la que la jefatura fiscal —por mandato presidencial de Morales y confirmada luego por Giammattei— ha jugado un rol protector hacia figuras vinculadas al poder.
¿Qué implicaciones tiene esta omisión?
1. Impunidad funcional: Cuando casos de relevancia —que cruzan fronteras entre Guatemala, EE. UU. y Argentina— quedan sin avance, se refuerza la percepción de que ciertos actores económicos-políticos están intocables, especialmente si sus redes políticas confluyen con gobiernos.
2. Vulneración institucional: La ausencia pone en evidencia la falta de independencia del sistema de justicia y sus vínculos con grupos oscurantistas, entre esllos, estructuras criminales o de corrupción.
3. Riesgo en elecciones y políticas públicas: Si Machado efectivamente financió campañas políticas ilegítimas, ese confirma la forma en que muchas candidaturas políticas son financiadas por el narcotráfico en Guatemala, lo que debiera ser motivo de preocupación ciudadana.
El caso de Federico Machado es más que una historia exótica de tráfico de drogas y financiamiento político transnacional. Es una prueba que deja mal parado al MP que, en su discurso público, asegura que «nadie escapa» de las investigaciones, aunque es evidente que estaqs son más bien selectivas.
Si el MP no actúa —o evita responder públicamente— refuerza la creencia de que ciertos vínculos corruptos y criminales están blindados por acuerdos políticos e impunidad estructural.