La mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazaron sin entrar a conocer la solicitud de antejuicio planteada en contra del juez Undécimo Penal, José Eduardo Cojulún Sánchez, acusado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de estar involucrado en el caso Fénix.
La Fiscalía había requerido el retiro de inmunidad para profundizar en la pesquisa por la posible comisión de los delitos de obstrucción de la justicia y prevaricato.
A través de un comunicado, el ente investigador aseguró que el togado favoreció a Gustavo Adolfo Herrera Castillo, uno de los implicados en el caso en mención que fue anulado por la Sala Segunda de Mayor Riesgo el 27 de enero último.
El Ministerio Público buscaba esclarecer el lavado de Q350 millones desfalcados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para un proyecto de vivienda popular.
El caso
La investigación conjunta entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluyó en la solicitud de captura de 19 personas y la citación de 33 más, entre personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales, que supuestamente conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.
Las empresas de esta red, según las primeras pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) y estarían vinculadas con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca capturado.
Las investigaciones por ese caso fueron reabiertas, ahora por lavado de dinero. Gustavo Herrera se encuentra asilado en Nicaragua desde agosto del 2018, donde aseguró ser víctima de persecución política por parte de la CICIG, por lo cual la orden de captura en su contra es internacional.
Los fondos que se habrían lavado fueron sustraídos de un fideicomiso llamado de Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A.
“Este grupo criminal conformado por personas físicas y jurídicas, utilizó el sistema financiero, a través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo que finalmente les permitió dar apariencia legal y ocultamiento al dinero de origen ilícito”, precisó en un comunicado conjunto entre el MP y la CICIG. El caso fue nombrado “Fénix”, aparentemente, porque ya estaba cerrado.