Washington, Estados Unidos | AFP |
¿A dónde vamos, a quién vemos, qué hacemos? Las respuestas a estas preguntas básicas están en nuestro teléfono móvil, desde donde a veces pasan a manos de la policía: la Corte Suprema de Estados Unidos examina este miércoles en qué medida esto vulnera la privacidad.
Éste es uno de los casos de libertades civiles más importantes que ha llegado al máximo tribunal en una generación. La decisión que tome probablemente tendrá amplias consecuencias para la sociedad estadounidense.
Se trata de hecho de redefinir el marco de la Cuarta Enmienda de la Constitución, ratificada a fines del siglo XVIII, que protege a los ciudadanos contra cualquier intromisión en sus vidas privadas sin una presunción seria.
El desafío es «preservar el grado de privacidad que existía antes de la era digital, antes del desarrollo de nuevas tecnologías de vigilancia y de nuevos tipos de datos de fácil acceso para la policía», dijo Nathan Wessler, el abogado en el centro del caso.
El origen del caso se remonta a 2011, cuando fue arrestado un delincuente menor de Detroit, Timothy Carpenter. Ironías de la historia, él fue declarado culpable de robos a mano armada de… teléfonos celulares.
Para rastrear los movimientos de Carpenter, la policía obtuvo su geolocalización mediante la «demarcación» de su teléfono durante 127 días. En total, lo ubicaron 12.898 veces gracias a los registros proporcionados por su operador de telefonía móvil.
Para la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), un seguimiento de esta magnitud -en duración y espacio- sin una orden judicial ilustra un claro exceso.
El principio de respeto de la vida privada está, según la organización, amenazado no solo por las computadoras portátiles, sino también por las tarjetas de transporte, los peajes automáticos, los registros médicos en línea…
– «Un libro abierto» –
«La proliferación de internet, nuestros dispositivos, nuestros relojes, nuestros equipos electrónicos, nuestros asistentes domésticos -en nuestra exposición de argumentos mencionamos incluso los vibromasajeadores conectados-, todos estos objetos almacenan datos en la nube a nombre de empresas sobre las que no tenemos control», denunció Wessler.
El gobierno de Donald Trump afirma que Timothy Carpenter sabía a lo que se atenía, y que su geolocalización por activación de las antenas telefónicas repetidoras no reveló el contenido de sus conversaciones.
Pero, para la ACLU, un seguimiento así, cada vez más preciso en términos tecnológicos, permite, por el contrario, conocer a alguien como «un libro abierto».
Algunos domingos, Timothy Carpenter hacía o recibía una llamada cerca de una iglesia, pues él «estaba rezando en esos momentos», señaló la ACLU. Los registros también muestran cuando dormía en su casa… o no.
Lo que está en juego en el debate entre los nueve magistrados de la Corte Suprema es tan importante que prominentes actores sociales apoyan oficialmente a la ACLU: académicos de renombre, gigantes del sector tecnológico -Apple, Facebook, Twitter, Verizon, Google, Microsoft-, pero también, para sorpresa de muchos, organizaciones conservadoras, incluso partidarios de las armas de fuego preocupados por su anonimato.
– En el cajón –
«El progreso tecnológico implica que la información que anteriormente guardábamos en el cajón de nuestra oficina ahora está en manos de terceros», resumió Greg Nojeim, del Center for Democracy & Technology. Para tener acceso al cajón, «las autoridades tenían que obtener una orden judicial de un juez, demostrando la existencia de una infracción».
¿Serán los jueces sensibles al argumento, adelantado por las autoridades, de lo imperioso de estas solicitudes?
Aun quedan policías que rastrean a los delincuentes espiándolos, siguiéndoles los pasos, pinchando sus teléfonos ocasionalmente, apoyándose en su intuición, replica Nathan Wessler.
Eso no les ha impedido conseguir sus objetivos, sin saber lo que los sospechosos habían estado haciendo las 24 horas del día durante los últimos seis meses, sin saber dónde habían pasado esa noche en particular, alertó el experto.
En 2012, la Corte Suprema prohibió la instalación de un dispositivo GPS de localización en un vehículo sin contar con una autorización judicial. Dos años después, los jueces ordenaron a la policía obtener una orden para consultar el contenido del smartphone de una persona detenida.
A fines de junio de 2018 sabremos si será necesaria una autorización judicial para sumergirse en la intimidad digital del estadounidense conectado.