Managua, Nicaragua
La policía nicaragüense prohibió este sábado una marcha prevista para el domingo en Managua para reclamar por la liberación de los opositores detenidos, alegando que la solicitud del permiso incumple requisitos legales.
Sin embargo, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que organizó la protesta contra el gobierno de Daniel Ortega, desafió la negativa y mantuvo la convocatoria.
En un comunicado, la policía indicó que ante una petición «escrita presentada por estas personas no identificadas», la fuerza resolvió «no autorizar» la marcha.
La ley vigente obliga a los organizadores a identificarse y a informar a la policía el recorrido de las marchas.
UNAB rechazó el argumento de las autoridades y afirmó que cumplió «con todos los requisitos que mandata la ley», incluida la presentación de las cedulas de identidad en la carta informativa de la marcha entregada el viernes a la policía, según detalló en un comunicado.
«En atención a los derechos constitucionales de los que gozamos reiteramos la convocatoria de marchar el domingo» por la mañana, agregó en su nota la principal fuerza opositora.
El gobierno nicaragüense se comprometió en los acuerdos que firmó en marzo con la oposición a restituir varios derechos ciudadanos que habían sido suprimidos como consecuencia de la crisis política que vive el país desde que estallaron las protestas contra Ortega, en abril del 2018.
Entre lo acordado figura el derecho a la protesta, pero la policía no ha permitido que la oposición vuelva a las calles.
Los acuerdos también contemplan la liberación de los detenidos en las protestas en un plazo que vence el próximo 18 de junio.
Pero la oposición, que descree de la promesa, exige agilizar las liberaciones, y ha incrementado la presión tras la reciente muerte a tiros del opositor Eddy Montes durante un disturbio en una cárcel.
De los casi 800 manifestantes detenidos por el gobierno, según la oposición, 336 fueron pasados a prisión domiciliaria en los últimos tres meses, pero sus procesos continúan abiertos y se encuentran bajo vigilancia policial.
La UNAB pidió a los testigos de lo convenido en el marco del diálogo, el enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, y al nuncio apostólico Waldemar Sommertag «hacer valer los acuerdos firmados en la mesa de negociación».
La represión del gobierno a las protestas que sacudieron al país el año pasado dejó 325 muertos y 62.000 exiliados, según grupos humanitarios.