La policía hondureña desalojó este domingo a cientos de compradores de centros comerciales de la capital, ante una ordenanza de evitar grupos de hasta 50 personas, en el marco de la alerta «roja» por coronavirus que dejaba ya seis contagiados en el país centroamericano.
En el centro comercial las Cascadas, uno de los seis grandes establecimientos de Tegucigalpa, agentes de la autoridad, algunos con la cara cubierta por mascarillas, sacaron a la gente de los negocios y les obligaron a abandonar el centro.
La capital parecía una ciudad fantasma, con muy poca circulación de vehículos aunque muchas personas seguían acudiendo a centros comerciales en desacato a las órdenes del gobierno.
Muchas otras también corrieron a los supermercados y mercados a abastecerse de alimentos para muchos días para cumplir las ordenanzas de quedarse recluidos en sus casas.
El gobierno decretó el sábado la alerta roja en los 18 departamentos del país con medidas como «habilitamiento de áreas de alojamiento masivo para atender sospechosos de Covid-19 con el fin de evitar la propagación del virus» y prohibir «eventos con más de 50 personas».
El presidente Juan Orlando Hernández confirmó la noche del domingo en cadena de radio y televisión tres nuevos contagiados para hacer un total de seis.
También anunció que a partir de las 11H59 locales (06H00 GMT) «quedan cerradas todas las fronteras nacionales por vía terrestre, aérea y marítima para el tránsito de personas, quedando únicamente abiertas para el transporte de carga y suministros».
Además, quedan cerrados los negocios, excepto supermercados, mercados, pulperías, farmacias, laboratorios, gasolineras y los bancos.
En un comunicado, la policía dijo que la dirección general de la institución giró este domingo instrucciones a los comandantes en todo el país para que los policías acompañen al personal de defensa civil «a los operativos que buscan evitar la aglomeración de más de 50 persona en lugares públicos y privados».
«Los comercios, restaurantes, bares y otros lugares de esparcimiento que incumplan este decreto incurrirán en desacato y les serán aplicadas las responsabilidades administrativas, civiles y penales», sentenció.
En un tuit la policía indicó que será penado con reclusión de seis meses a dos años quien infrinja las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria con el fin de impedir la propagación del virus y la pena se aumentará en la cuarta parte si es una autoridad quien comete la falta.