El presidente de Chile, Sebastián Piñera, resolvió abrir la billetera para hacer frente a la extensa crisis social que enfrenta su país y que ha desplomado la economía local, sin que se vean por el momento salidas claras ni medidas que convenzan a los manifestantes.
Después de lanzar el lunes un paquete de medidas para reactivar la economía por 5,500 millones de dólares, el mandatario derechista anunció este martes la entrega de un bono único por unos 124 dólares para 1.3 millones de familias vulnerables, equivalente a un cuarto del total de hogares del país.
«Sé que los bonos no resuelven los problemas, o no resuelven todos los problemas, pero también sé que significa un importante alivio, una ayuda, en un momento en que tantas familias chilenas lo necesitan», afirmó el mandatario.
La ayuda extraordinaria se pagará una única vez en enero, al igual que un bono que se entrega cada año en marzo a las familias más pobres, en un mes en que arranca el año escolar en Chile y se incrementan los gastos de la familias, detalló el ministro de Economía, Lucas Palacios.
«Es un bono por una sola vez», con un gasto público total de «más de 185 millones de dólares», agregó el ministro.
Las medidas económicas fueron anunciadas luego del desplome de la economía durante octubre, con una caída de 3.4% de la actividad en el mes que se iniciaron las protestas sociales que se saldan con 23 muertos.
El registro superó las peores estimaciones del mercado y del gobierno, donde se anticipaba una caída en un rango de entre 0.5 y 2%, dando cuenta del profundo efecto de la semiparalización del comercio y otros servicios, como el turismo, tras el estallido social.
El plan de reactivación, centrado en una mayor inversión pública, protección del empleo y apoyo a las pequeñas empresas, implicará un aumento real del gasto público el próximo año de 9.8% en comparación con 2019, lo que provocará que el déficit fiscal se eleve hasta 4.4% del PIB.
Medidas insuficientes
Las personas que con las protestas en distintas ciudades del país sienten que no han tenido respuesta a sus demandas para transformar al sistema económico chileno en uno más igualitario, que aporte bienestar social.
El plan de Piñera parece enmarcado «dentro de un escenario de desesperación del Gobierno», según consideró el analista de la Universidad de Talca, Mauricio Morales.
«En lugar de proponer un nuevo pacto tributario que afecte directamente a los empresarios más grandes del país y del 1% más rico, el Gobierno ha optado sistemáticamente por medidas parche que sólo contribuyen a exacerbar los ánimos de la calle y de la oposición», agregó el analista en declaraciones a la AFP.
Felipe Balmaceda, economista y académico de la Universidad Diego Portales, considera que «el plan de de reactivación es adecuado, pero no hay un paquete de reactivación que pueda lograr los objetivos si no hay orden público», explicó a la AFP.
Por su parte, los bonos «son una política de cortísimo plazo, que tienen un corte populista y ante la situación puede ser bueno pero no creo que traiga consecuencias reactivadoras», indicó.
Transcurridos 46 días de crisis social, con multitudinarias manifestaciones, violentos enfrentamientos con la policía, saqueos, incendios y ataques al comercio, la agenda social del gobierno de Piñera prevé un aumento del 50% de las pensiones básicas, la rebaja a la mitad del pasaje del transporte público para los adultos mayores, junto a un aumento del ingreso mínimo a cuenta del Estado.
Sin embargo, no está planteada una reforma profunda al sistema de pensiones ni un incremento de los tributos, tampoco una reforma sustancial a la salud pública o privada, que son las principales demandas de los cientos de miles de personas que han salido a las calles en más de seis semanas.
No se ha anunciado tampoco medidas para castigar con mayor dureza los delitos de colusión empresarial o cohecho, castigadas con penas bajas, que han generado una sensación de gran impunidad.
«Creo que ya es hora que los abusos de ‘cuello y corbata’ tengan penas de cárcel duras y efectivas. A la ciudadanía le cuesta entender que una persona que vende unos CDs en la calle termine siendo quemada en una cárcel, muriendo, y resulta que delitos de cuello y corbata no terminan en la cárcel», dijo el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett.