La oficina en Guatemala de la organización internacional Impunity Watch (IW) pidió este viernes a la máxima instancia de justicia del país que ordene al Congreso archivar un proyecto de ley para que concede amnistía a responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1960-1996).
La petición de IW fue planteada ante la Corte de Constitucionalidad (CC), ente que en julio pasado le prohibió temporalmente a los congresistas, mediante un amparo, continuar discutiendo el polémico proyecto que busca reformar la denominada Ley de Reconciliación Nacional.
«La Corte debe ordenar al Congreso archivar definitivamente la iniciativa 5377», señaló la organización en su cuenta de Twitter tras hacer efectuar el planteamiento.
Tras la resolución de julio pasado, los magistrados constitucionales no se han pronunciado en forma definitiva sobre el amparo provisional que se otorgó a organizaciones de derechos humanos y defensores de víctimas y a sobrevivientes del conflicto armado interno.
La Ley de Reconciliación Nacional fue aprobada tras el fin de la guerra y otorgó una amnistía a militares y guerrilleros que no cometieron delitos de lesa humanidad como genocidio, tortura y desaparición forzada.
Hasta la decisión de la CC, el proyecto de ley se encontraba en la recta final para su aprobación definitiva, pendiente de la votación del Congreso y de la firma del presidente.
IW también le demandó al Parlamento acatar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos «que prohíben la amnistía».
Los congresistas que impulsan la iniciativa, entre ellos militares jubilados, argumentan que la reforma tiene como objetivo promover la reconciliación, pero los detractores de la iniciativa advierten que solo buscan impunidad a los crímenes cometidos durante la guerra.
La Guerra Civil guatemalteca dejó 200,000 muertos y desaparecidos, reveló en 1999 una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU. La mayor parte de las atrocidades fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado.
De aprobarse la amnistía, la ley obligaría al sobreseimiento y la liberación de las personas que cumplan condena o estén siendo procesadas por delitos de lesa humanidad.