- Tras 18 días de un Paro Nacional que incluye bloqueos de carreteras y manifestaciones de protesta en todo el país, el oficialismo y sus aliados no dan muestras de ceder en el asalto al proceso electoral
Con un diálogo que opera a cuentagotas, este jueves se cumplen 18 días del Paro Nacional en defensa de la democracia en Guatemala, sin que hasta el momento los bloqueos, manifestaciones y protestas exigiendo la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, tengan eco en el oficialismo y sus aliados, que no han cedido en nada, mientras la tensión y crisis sociopolítica en el país va en aumento.
Aunque se han flexibilizado los bloqueos en la red vial, esta mañana se reportan al menos 22 cierres de carretera y uno en Petapa, mientras que una marcha de pobladores de la región norte del país ha llegado a la ciudad capital para realizar una marcha que «pasará frente a las instituciones que atentan contra la poca democracia que va quedando», según explican sus organizadores.
La manifestación pacífica de ciudadanos del norte del país tiene por objeto señalar la responsabilidad de instituciones como el MP, la CC, el Ejecutivo y la CSJ, principalmente.
#GuateResiste ✊🏽“Venimos a defender la poca democracia que nos queda”, dice Mariola Caal antes de iniciar la marcha que se conducirá a distintas instituciones estatales en el centro de la ciudad de Guatemala.
📹 Mario Godínez pic.twitter.com/KAQX20vmQW
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 19, 2023
Pero otra nota destacada de este día aparece en la presión que personalidades guatemaltecas y algunas organizaciones y personajes internacionales hacen sobre la OEA, a la que le piden una intervención más determinante, específicamente, activando la Carta Democrática, por considerar que la democracia en el país «está siendo agredida».
Los ex operadores de justicia que se encuentran en el exilio enviaron una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que destacan que la intervención de ese organismo internacional es vital «ante la ruptura del orden constitucional y para evitar que siga escalando la crisis politico-institucional que pone en grave nesgo el proceso electoral y el futuro democrático en Guatemala».
Los firmantes, todos abogados, entre los que hay expertos constitucionalistas, ex jueces, ex magistrados y ex fiscales, critican las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) –afín al oficialismo–, porque con su llamado a funcionarios para acatar las órdenes de impedir bloqueos, amenazando con su destitución por incumplimiento de sus órdenes, debieron «a los funcionarios judiciales y de fiscalía que han puesto en riesgo la democracia, no asi en contra los ciudadanos que se encuentran ejerciendo a plenitud el derecho humano de manifestarse».
La totalidad de los firmantes del documento son perseguidos políticos del Ministerio Público por haber investigado casos anticorrupción o haberlos conocido en proceso judiciales y actuar de manera independiente de la actual línea de la Corte Suprema de Justicia y el MP.
El Consejo Permanente de la OEA ha conocido en tres ocasiones el caso de Guatemala, en donde la mayor parte de manifestaciones de representantes de países de América han destacado que la democracia «está en peligro» y los señalamientos de la responsabilidad de los ataques contra el proceso electoral, las autoridades del TSE y el partido Semilla, apuntan todos al MP.
Mientras la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) intenta demostrar que hubo fraude electoral, la misión de observación electoral de la OEA, al igual que las nacionales e internacionales que estuvieron presentes en las elecciones, aseguran que todo se desarrolló de manera «transparente y ejemplar». La OEA decidió enviar una «Misión conciliadora» al país, la cual hasta ahora ha logrado pocos avances concretos, mientras la ingobernabilidad y daño a la democracia avanzan.