La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) rechazó este jueves una investigación penal contra la comunicadora indígena Anastasia Mejía, detenida en septiembre bajo acusaciones de alentar disturbios contra la autoridad municipal en un poblado occidental.
La APG condenó «con los términos más severos» la decisión de la jueza Susy Pérez, del departamento indígena de Quiché, de ordenar este miércoles el proceso contra Mejía, directora de la emisora Xol Abaj Radio, en el municipio occidental de Joyabaj.
Mejía y la presidenta de la asociación de comerciantes del poblado, Petrona Siy, junto con una decena de personas, fueron arrestadas por supuestamente incitar a la violencia a manifestantes que causaron daños en el edificio municipal el 24 de agosto.
Según la prensa local, la protesta había comenzado por la oposición de vendedores con restricciones impuestas por el alcalde Florencio Carrascosa para contener la pandemia de covid-19.
La comunicadora es acusada de sedición, atentado con incendio y robo agravado, pero sus defensores han señalado que Mejía se limitó a transmitir los incidentes por Facebook.
La jueza concedió a Mejía libertad condicional mientras avanza la investigación, pero le impuso una fianza de unos 2,500 dólares, por lo que organizaciones sociales realizaban una colecta para juntar el monto.
El gremio de prensa fustigó la labor «paupérrima» del fiscal a cargo del caso, Casimiro Hernández, a quien señaló de «defender los intereses del alcalde (…), un viejo cacique con más de 15 años en la comuna».
«Hernández no actuó como un miembro de la fiscalía, sino como un abogado más» del alcalde, acusó el gremio en su comunicado.
Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), defendió a Mejía en declaraciones hechas en septiembre: «El periodismo no es un delito y Anastasia Mejía no debe hacer frente a descabelladas acusaciones penales sencillamente por informar sobre una protesta».
El CPJ destacó en un informe que los periodistas rurales e indígenas de Guatemala corren «el riesgo de sufrir discriminación y amenazas de grupos criminales y funcionarios corruptos».