- La actitud más negativa se observa en los magistrados del Organismo Judicial que integran las dos comisiones de postulación paraa nueva CSJ y salas de apelaciones.
Terminó una semana más con total «atasco» en el trabajo de las comisiones de postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las salas de apelaciones por la falta de acuerdo –y de los votos necesarios– para definir la sede donde llevarán a cabo su trabajo.
Los comisionados no han encontrado consensos y algunos, principalmente los comisionados que son magistrados del Organismo Judicial (OJ), se niega a trabajar en las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar, por argumentos sin validez que únicamente muestran la falta de voluntad para avanzar en el trabajo.
En el ambiente ya se habla sobre la posibilidad de que no pueda haber cambio de magistrados el 13 de octubre como manda la Constitución.
Este conflicto ha generado preocupación entre diversos sectores políticos y sociales, ya que la elección de magistrados es crucial para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento del sistema electoral y judicial del país y se ve que este retraso podría ser provocado solamente para retrasar el cronograma y que los actuales magistrados tengan que continuar después del 13 de octubre, como ya sucedió antes.
Desde el inicio de las reuniones, las comisiones han mostrado diferencias irreconciliables en cuanto a la ubicación de las sesiones. Algunos miembros proponen trasladar las sesiones al edificio de la CSJ y esta mañana se hizo un recorrido por parte de los presidentes de ambas comisiones de postulación, para verificar las condiciones en que podrían trabajar.
Hasta la fecha, no se ha logrado establecer un calendario claro ni definir los criterios de evaluación, lo que retrasa aún más la designación de los nuevos magistrados. La falta de consenso ha llevado a un clima de incertidumbre y desconfianza, lo que podría afectar la credibilidad del proceso.
Diversos analistas políticos han expresado su preocupación por el impacto que este estancamiento podría tener en el sistema electoral y judicial del país. La falta de magistrados nombrados a tiempo podría colocar nuevamente la credibilidad de la justicia en entredicho. En 2019 no se pudo llevar a cabo la elección en los plazos previstos y los magistrados se mantuvieron más de 3 años de manera inconstitucional en sus cargos.
Las organizaciones de la sociedad civil han instado a las comisiones a superar sus diferencias y centrarse en el objetivo principal de garantizar un proceso de selección transparente y eficiente. Han enfatizado la importancia de la colaboración y el diálogo para resolver los desacuerdos y avanzar en la designación de magistrados competentes e imparciales.
Por su parte, algunos miembros de las comisiones han señalado la necesidad de una mediación externa para resolver el conflicto sobre la sede de trabajo. Proponen la intervención de una figura neutral que pueda facilitar el diálogo y ayudar a alcanzar un consenso. Sin embargo, esta propuesta aún no ha sido formalmente aceptada ni discutida por todos los integrantes. La mayor resistencia proviene de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de apelaciones que integran las comisiones, como lo refleja esta gráfica de Guatemala Visible sobre la forma en que se viene votando por parte de los comisionados.
Mientras tanto, el estancamiento continúa y el tiempo sigue corriendo. La comunidad internacional también ha mostrado interés en la situación, subrayando la importancia de un proceso de selección transparente y justo para el fortalecimiento de la democracia en el país.
Desde el lunes se encuentra en el país una misión de la OEA que dará acompañamiento al proceso de elección de nuevos magistrados y ya ha manifestado su preocupación por la forma en que se viene mostrando una intencionalidad para retrasar el trabajo de las comisiones. pero ya traen la preocupación del avance del tiempo sin que se inicie el trabajo de las comisiones.
Las próximas semanas serán cruciales para determinar si las comisiones de postulación podrán superar sus diferencias y cumplir con su mandato de seleccionar a los magistrados que garantizarán la integridad del sistema electoral y judicial.