El Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenó al expresidente del Congreso, Pedro Muadi, a 30 años y 8 meses de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado por sustracción, así como el pago de una multa de Q4.3 millones.
La jueza Oly González, titular de dicha judicatura, confirmó que el exfuncionario creo plazas fantasma en el Legislativo para beneficiarse con al menos Q4-5 millones.
A criterio de la togada, existió “participación coordinada” de Muadi con el personal del Congreso y la empresa Productos, Servicios y Equipos, S-.A., para la contratación de personal.
El Ministerio Público (MP) pudo determinar que entre 2013 y 2015 se extrajeron fondos del Congreso por medio del pago de planillas, que terminaban en las cuentas del expresidente del Congreso.
Claudia María Bolaños era quien se encargaba de las transacciones, ya que tenía acceso a las cuentas en donde se recibía el pago del salario por parte del Legislativo
Bolaños laboraba como administradora en la empresa Productos Servicios y Equipos, S.A., la cual era propiedad de Muadi.
El Congreso contrató a al menos 30 personas, con cargos desde secretarias ejecutivas, asistentes, técnicos y guardias parlamentarios.
«No son delitos de sangre»
En declaraciones a medios de comunicación, Muadi arremetió en contra del MP y de la sentencia que le fue impuesta, señalando que «no son delitos de sangres» para recibir una pena de 30 años y 8 meses de prisión.