A través de un comunicado, el procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, recomendó al presidente Alejandro Giammattei y al Ministerio de Salud Pública y Asistencial Social que el acceso a las vacunas contra el Covid-19 sea universal y que el volumen en las adquisiciones sea significativos.
“Actualmente, Guatemala registra el mayor rezago en América Latina respecto a la aplicación de las inmunizaciones, por lo que se debe garantizar que la vacunación sea universal”, indicó el magistrado de conciencia.
Además, Rodas Andrade solicitó que se debe ordenar y transparentar el plan nacional de vacunación e informar a toda la población sobre la importancia de la inmunización para desacelerar y contener los contagios.
“La Constitución Política de la República establece que la salud es un derecho humano fundamental y es deber del Estado garantizarla”, afirmó.
Además, remarcó que Guatemala es el país con mayor rezago en América Latina en la aplicación de vacunas anti Covid-19. Actualmente, la cartera de Salud cuenta con unas 281,600 dosis, gracias a las donaciones de India e Israel y a la adquisición por medio del mecanismo COVAX, resaltó.
Por lo que considera que “la ineficiente gestión de las autoridades del Gobierno Central deja fuera de acceso a vacunas al 99% de la población”.
Asimismo, Rodas señaló que “a pesar de contar con la Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas contra el Coronavirus, y la disponibilidad de US$1.5 millones para dotarse de 3.38 millones de dosis, las autoridades no operan las adquisiciones, reeditando lo ocurrido hace un año con la deficiente dotación de equipo de protección al personal de salud y de insumos médicos”.
“No está en marcha, como en el resto de los países del hemisferio, un plan nacional de vacunación anti Covid-19, ni las fases de vacunación avanzan en una ruta lógica; es más, no se cuenta con un registro fiable sobre el personal de salud que está en primera línea y que es prioritario inmunizar”, puntualizó.
Desorden en la vacunación
A criterio de Rodas, las autoridades está llevando una vacunación “desordenada y discriminatoria”, sin apego a criterios médicos de inmunidad ante una pandemia.
“De esa suerte han sido excluidas miles de personas que están en primera línea de contención de la enfermedad, en todos los ámbitos: el Ministerio de Salud, el Seguro Social, la Sanidad Militar, sistema privado de salud, médicos del EPS, estudiantes de Medicina y afines”, señaló.
Ante ello, el PDH recomendó al presidente Giammattei girar las instrucciones pertinentes a fin de garantizar la vacunación universal, gratuita y oportuna.
A las autoridades del MSPAS pidió agilizar las gestiones para la inmediata adquisición de un volumen significativo de vacunas. Reorientar el Plan Nacional de Vacunación, dadas las debilidades observadas. Simplificar el registro del personal de salud y organizar los tipos de población a inmunizar de acuerdo con los criterios de prioridad universalmente aplicados.