La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó un recurso legal para que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda anule la resolución emitida por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) con la que favoreció a la empresa a la empresa de Comunicaciones Celulares, S. A. (TIGO).
De acuerdo con el magistrado de conciencia, Jordán Rodas Andrade, la acción fue presentada por considerar que es un “fraude de ley limitar una verdadera subasta de la frecuencia 4G, en perjuicio de los intereses de la población”.
Es de recordar que el Gobierno vendió en diciembre del 2020 una fracción del servicio 4G a TIGO sin que se haya subastado para que pueda utilizarse en varios canales de televisión que le compró a Alba Visión.
La justificación de las autoridades fue que se hizo con el propósito de reordenar la banda 700 Megahertz, para lanzar una subasta pública nacional e internacional durante este año.
“El objetivo es reducir la brecha digital e incrementar la competitividad del país en materia de telecomunicaciones”, indicaron a través de un comunicado.
Para Rodas Andrade, es imperativo que se revoque este negocio “opaco e ilegal de la banda 4G donde el Estado deja de percibir dinero y se haga correctamente para incluir que los centros educativos públicos se conecten de forma gratuita, tal como se ha logrado en otros países», dijo.
Destitución
Durante una entrevista a un medio de comunicación local, el extitular de la SIT, José Monterrosa, confirmó haber recibido presiones del presidente Alejandro Giammattei para para firmar una resolución que permitiera la entrega de esta banda sin llevar a cabo una subasta.
Según con Monterrosa, su destitución se debió por no autorizar la Resolución SIT-DSI-664-2020, la cual favorecía a TIGO.
“El Ministerio de Comunicaciones nombró a Marco Antonio Baten Ruiz como nuevo jefe de la SIT el 29 de diciembre y en menos de 24 horas, dicha resolución fue firmada. Esto es un documento de ilegal”, afirmó el exfuncionario.